Cuatro nuevos detenidos en Mogán por compra de votos y corrupción urbanística

La investigación judicial del caso Mogán sigue avanzando con cuatro nuevas detenciones -el portavoz municipal del PP y tres empresarios, entre ellos un gran promotor- que se registraron ayer en el citado municipio grancanario de 15.000 habitantes. Los dirigentes del PP pretenden relativizar este caso de corrupción -Mariano Rajoy declaró el pasado viernes: "Me tranquiliza que el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"- y atribuyen intencionalidad política a las detenciones -José Manuel Soria, presidente del PP canario y candidato a presidente regional declaró: "O me detienen o no ganan las elecciones"-.

Imputado por delito electoral el concejal de Hacienda, que supuestamente ofrecía puestos de mercadillo a cambio de votos

El dueño de una radio local recibió ilegalmente contratos municipales para pagar una campaña a favor del PP

Arrestado el vicepresidente del Grupo Anfitauro, que nunca pagó al municipio tres parcelas valoradas en 12 millones

Por añadidura, el alcalde de esta localidad, Francisco González (PP), detenido el pasado jueves por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio y medioambiente, negociaciones prohibidas a las autoridades y funcionarios, y malversación de caudales públicos, acudió a Fitur en Madrid para rechazar las imputaciones de la investigación judicial.

En dicha feria turística, el regidor popular de Mogán proclamó que frente a las imputaciones y datos sumariales, no se creía que su primera teniente de alcalde y compañera de partido, Onalia Bueno -también acusada de media docena de delitos, incluido la compra de votos-, hubiera espiado a la comisaria que dirigió la investigación policial que desarticuló la trama de corrupción municipal que presuntamente dirigían hasta su arresto.

Nueve detenidos

La redada de ayer eleva a nueve el número de detenidos bajo mandato judicial por este caso. La operación se inició temprano con el arresto a las 8.20 en el aeropuerto de Las Palmas del empresario Santiago Santana Cazorla en el momento en que se dirigía a Tenerife. Santana es vicepresidente del Grupo Anfi, al que supuestamente privilegió el alcalde de Mogán con unos convenios urbanísticos por los que debía entregar al Ayuntamiento tres parcelas (valoradas en 12 millones de euros) que nunca hizo efectivas. De esa operación urbanística arrancó la investigación a resultas de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que presentaron dos ex ediles del PP, Carmen Delia e Isabel Santiago.

La detención de este promotor inmobiliario se produce por un presunto delito de tráfico de influencias sobre el equipo de Gobierno de Mogán. Su grupo empresarial tiene desde hace años como administrador a Manuel Fernández González, diputado del PP y que ocupa dentro del partido los cargos de vocal de la junta directiva nacional y de vicesecretario general en Canarias. Fernández explicó a este diario que su presencia tenía su origen en la labor de asesoramiento que prestó al fundador del grupo, el noruego Bjorn Lyng, fallecido en 2006. No en vano, este parlamentario popular -consejero canario de Industria y Energía entre 1987 y 1991 y diputado autonómico en tres legislaturas-, completó en Noruega sus estudios de Economía Financiera. Fernández negó a EL PAÍS haber mediado nunca entre su firma y su compañero de filas Francisco González, el alcalde de Mogán, para lograr tan beneficiosos convenios para Anfitauro. Esta firma, al margen de otras del grupo Anfi con intereses en Mogán, promueve en dicho municipio grancanario un proyecto turístico que suma 7.500 camas, un centro comercial, dos campos de golf, un puerto deportivo para 500 embarcaciones y una playa artificial.

También fue detenido ayer el concejal popular de Mogán -tercero imputado en este caso- Silverio Hernández, portavoz y responsable de Hacienda, Mercadillos, Limpieza y Patrimonio y Contratación. Desde su puesto, no sólo habría incurrido presuntamente en un delito de tráfico de influencias, sino en un delito electoral, presumiblemente ligado a la compra de votos. La investigación apunta que realizó favores a los vendedores del mercadillo local a cambio de garantizarse su voto para el PP en las elecciones municipales.

Campaña del PP

También fueron detenidos otros dos empresarios: Juan Melián Ascanio, quien se presume que fue contratado irregularmente por el alcalde de Mogán para ensalzar desde su emisora local al PP y Juan Alvarado Canales, empresario que precisamente intermedió para que la citada campaña en favor del PP fuera sufragada con fondos públicos del Ayuntamiento de Mogán. Igualmente, según fuentes próximas a la investigación judicial, cometió un delito de revelación de secretos. Tal imputación nacería presuntamente de que, como consecuencia de su conocimiento empresarial de la compra de fincas en Mogán, investigó el patrimonio de la comisaria responsable de la investigación policial para intentar desacreditarla facilitando esa información al PP.

El secretario general del PP, Ángel Acebes, no evaluó las imputaciones contra los concejales de su partido, que siguen en sus cargos, y declaró: "Tomaremos alguna medida cuando conozcamos por qué han sido detenidos y cuando alguien nos explique la parafernalia de las detenciones". Acebes criticó que Juan Fernando López Aguilar mantuviera su condición de ministro y candidato a presidente de Canarias "cuando están deteniendo a concejales y alcaldes del PP" y añadió: "En Andalucía hay más de 30 imputados del PSOE y ninguno ha sido detenido", informa Natalia Junquera.