Reportaje:

400 prostitutas, en huelga de multas

Las meretrices de Barcelona se rebelan contra el acoso municipal y deciden no pagar las sanciones. Los clientes, en cambio, abonan de inmediato

La cruzada sexual emprendida por la Guardia Urbana de Barcelona amenaza con desbordarse. En los 12 primeros meses de aplicación de las nuevas normas municipales, se han impuesto 4.280 multas por infracciones relativas al comercio sexual, que corresponden tanto a prostitutas como clientes. La gran mayoría de las mujeres sancionadas no están dispuestas a pagar las multas o no pueden hacerlo, actitud que contrasta con la de sus clientes, dispuestos casi siempre a pagar de inmediato, según demuestran los expedientes.

Algo más de 400 prostitutas se han rebelado contra el Ayuntamiento, en una especie de huelga de multas. Una de ellas es F. D. B., la muchacha rumana que se ha convertido en la prostituta más castigada de toda Barcelona: en poco más de siete meses ha acumulado 11 multas, nueve en el tiempo récord de dos semanas.

Solo el 3% de las que recurren las multas en Barcelona son españolas

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Su expediente desvela además que la multaron dos veces el 23 de febrero de 2006 y otras dos el 28, y que el par de multas del día 23 se las impusieron guardias urbanos diferentes en sólo 40 minutos. Todo por ofrecer sus servicios sexuales a menos de 200 metros de un centro escolar en la Rambla de Sant Antoni. La chica, de quien sólo se sabe que vivía en una pensión en Ciutat Vella, ha desaparecido, dejando 4.125 euros por multas impagadas, sin incluir recargos por demora.

Ella no es un caso aislado. Algo más de 400 mujeres han planteado recursos administrativos contra las multas por infracción de las ordenanzas en materia de comercio sexual. El 87% de las prostitutas que recurren son rumanas, según un muestreo realizado entre las que fueron multadas en los seis primeros meses de 2006. No hay más de un 3% de españolas entre las que han recurrido. Las búlgaras y brasileñas, que absorben el 2% de los castigos, tampoco pagan. En la misma situación se encuentran mujeres camerunesas, chinas, marroquíes o nigerianas. Organizaciones cívicas y asistenciales se han alineado con ellas, dispuestas a ayudarlas en su enfrentamiento con el Ayuntamiento. El proceso que se ha iniciado en la vía administrativa se enfrenta ahora al desafío de la prueba en los tribunales.

D. D. C, de 50 años y brasileña, se instaló en Barcelona hace siete años tras haber dado tumbos por el mundo. En su expediente figura una sola multa -del 1 de abril de 2006- impuesta en las escaleras de un meublé de la calle de Sant Pau, a cuya puerta se habían apostado guardias urbanos de paisano, a la espera de que llegaran las mujeres con sus clientes. En un escenario muy similar se vio la rumana M. G. B., cuando fue sancionada el 23 de marzo del año pasado.

"Los [guardias] urbanos de paisano llamaron a la puerta. Los clientes que había dentro se quedaron en silencio, mientras la policía nos ordenaba salir. En poco más de media hora quedamos todos multados: las cuatro chicas y los tres muchachos", recuerda M. G. B. Ella tampoco pagará. Su abogado le aconseja no hacerlo y alega en su favor que los agentes actuaron con exceso de celo, invadieron la esfera de lo privado y se extralimitaron en el afán sancionador.

A juicio de S. R. D., un transexual originario de Ecuador, cualquier "excusa" es buena para sancionar. Le multaron el pasado mes de julio, cuando estaba agazapado detrás de un contenedor de basuras en las Ramblas arreglándose unas prendas íntimas. Un guardia aseguró haberlo sorprendido mientras hacía sus necesidades. En su expediente, tras 10 años de oficio, figura una sola multa; orinar en espacio público. No está dispuesto a pagar. "Yo vivo de eso; soy una profesional. Podría trabajar en un piso. Ya lo he hecho, pero eso significa pagar la mitad de lo que recaudo al dueño del piso. Ahora asumo mis riesgos en la calle, pero no tengo que compartir las ganancias con nadie. No he pagado, pero si es necesario lo tendré que hacer, a pesar de que es un error. No quiero problemas", afirma, y a continuación se lamenta de lo "duro que es vivir de esto".

T. E. S. es un caso singular. Rumana, sancionada cuatro veces por ofrecer los servicios sexuales a menos de 200 metros de un centro escolar, ha acumulado en su expediente una quinta multa: el agente número 29.252 la acusa también de arrojar una colilla al suelo. Diez minutos después de esta sanción, otro agente, el 25.088, la volvió a castigar por ofrecer servicios sexuales.

La actitud reticente de las mujeres, que en muchos de los casos no quieren ni pueden pagar las multas, contrasta con la de sus clientes, que casi siempre prefieren abonar el importe de las sanciones sin rechistar por temor a un escándalo familiar. El 44,3% de los solicitantes de servicios sexuales paga a pie de calle y sin poner peros. A pesar de estas circunstancias, en la lista de impagados varones se recogen casos excepcionales.

Una prostituta, el pasado miércoles por la noche en la plaza de Pío XII de Barcelona.
Una prostituta, el pasado miércoles por la noche en la plaza de Pío XII de Barcelona.GIANLUCA BATTISTA

Acusado de pedir sexo a los 79 años

J. M. ya había cumplido 79 años cuando un guardia urbano le multó por haber solicitado los servicios sexuales de una prostituta mientras pasaba por la calle de San Ramón, en mayo de 2006. A pesar de sus excusas y de su avanzada edad, la sanción impagada gravita sobre la vida de este anciano, que, protegido por su familia, no piensa pagar.

Los recursos contra las multas impuestas por la Guardia Urbana se acumulan en los despachos de los abogados de Barcelona. Los primeros procedimientos administrativos se han puesto ya en marcha mientras se otean en el horizonte los recursos ante los tribunales.

Al margen de estos procedimientos, continúa instruyéndose el recurso planteado por diversas organizaciones e instituciones barcelonesas contra la totalidad de la nueva ordenanza cívica.

"El Ayuntamiento de Barcelona quiere imponer una nueva política de excepcionalidad punitiva en el espacio público que, con la excusa del incivismo, instaurará un nuevo orden urbano en la ciudad", afirma el abogado Jaume Asens, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, uno de los impulsores del recurso contra la ordenanza cívica del Ayuntamiento barcelonés.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 03 de febrero de 2007.

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