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La nueva acuicultura gallega

"Nuestro plan cumple la Ley de Costas"

El presidente de la Xunta aseguró ayer que el Plan Sectorial de Acuicultura que está elaborando su Gobierno "cumple la Ley de Costas, no vulnera la franja de dominio público y mantiene las servidumbres a 6 metros del mar para las tuberías y canalizaciones que necesitan este tipo de instalaciones".

La Xunta ha decidido derogar el plan de acuicultura elaborado por la Xunta anterior y elaborar uno nuevo, para evitar la instalación de plantas en zonas protegidas, en áreas de Red Natura o con incumplimientos de las nuevas leyes medioambientales y urbanísticas. "Nuestro plan cumple todas las normativas medioambientales, territoriales y urbanísticas", reiteró Emilio Pérez Touriño.

La colisión de anteriores tramitaciones con la nuevas normativas medioambientales obligará al Ministerio de Medio Ambiente y a la Xunta revisar algunas concesiones públicas enclavadas en la costa gallega. En muchos casos, se trata de antiguas conserveras que han cambiado de propietarios y cuyos nuevos dueños pretenden ahora recalificaciones urbanísticas para edificar viviendas de lujo.

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12 empresas pugnan por más piscifactorías

Director de Costas

El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, dijo ayer compar los criterios del Plan Sectorial de Acuicultura que está redactando la Xunta. "Por primera vez se plantea una estrategia absolutamente racional y respetudosa con el medio ambiente", declaró Fernández. El director de Costas opina que la acuicultura "es un sector económico importante, que en absoluto se pretende bloquear, no solamente no cerrar ninguna planta, si no no bloquear ninguna en el futuro".

José Fernández subrayó que "no va a haber plantas en Red Natura y, en lo posible, tampoco va a haber piscifactorías en el dominio público marítimo-terrestre". El director de Costas dijo que su departamento está colaborando estrechamente con la Xunta en el diseño del plan y anticipó que "contempla la mínima afección ambiental posible".

Fernández calcula que hay 25 empresas gallegas con concesiones de próxima caducidad y que serán trasladadas a zonas más alejadas de la costa.

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