Euskadi ha recortado en diez puntos la brecha en gasto social con la UE

El País Vasco se acerca poco a poco al nivel de gasto social que destinan los países europeos más avanzados, aunque aún se halla lejos de alcanzarlo. Si el gasto por habitante en 1995 era de un 65% del promedio de la Unión Europea-15 (cuando aún no se habían producido las dos últimas ampliaciones), en 2004 este índice superaba el 75%. Los datos proceden del último informe del Eustat sobre la protección social en 2005.

Donde sí se ha logrado la convergencia con los países más desarrollados de la Unión Europea es en el gasto que se circunscribe a combatir la exclusión social: salario mínimo y ayudas de emergencia social, preferentemente. Mikel Santiago asegura que en Euskadi supone el 0,45% del PIB frente al 0,17% que destina el Estado y el 0,39% de la Unión Europea. "Es otra manera de converger y en el País Vasco, al menos, lo hemos conseguido", apunta.

Por su parte, Agirre admite abiertamente que la convergencia con Europa aún está lejana en el conjunto del gasto social, pero señala la conveniencia de ver la velocidad que se sigue para alcanzarla. "Los sistemas sociales en el conjunto de España son más recientes que en algunos países de la UE. De ahí que llevemos un retraso que es difícil de recuperar, pero habrá que hacer como con la convergencia económica".

Aunque la distancia con la UE se acorta, todavía es demasiado grande y los expertos advierten de que, si no se produce un mayor esfuerzo en este contexto en los próximos años, se corre un serio riesgo de ruptura de la cohesión social. Los últimos años han sido de una importante bonanza económica y, sin embargo, los expertos consideran que no se han aprovechado de forma suficiente por parte de las administraciones como para mejorar aún más los niveles de protección.

El volumen de recursos destinados a este cometido alcanzó los 10.894 millones de euros en 2005, un 7,5% más que el año anterior, lo que supone un 18,91% del Producto Interior Bruto (PIB). En euros por habitante, ascienden a 5.156. A la hora de hacer las comparaciones con el resto de España y con la UE-15, el Eustat echa mano de los datos de 2004, los últimos disponibles en el Estado. La comparación en este caso ofrece un resultado dispar. Por una parte, el gasto total en prestaciones sociales por habitante en Euskadi superó en un 22% la media del Estado. En cambio, si se mide el esfuerzo en proporción al PIB, las cosas cambian. Mientras en Euskadi el gasto social supuso el 18,9% del PIB, en el Estado alcanzó el 19,5%.

José María Agirre, técnico del Eustat que ha elaborado el informe, precisa que las grandes magnitudes, como la referencia al PIB, son "indicativas de una tendencia", pero la evolución del gasto por habitante supone también un indicador muy importante. Agirre los coloca al mismo nivel de importancia al analizar el esfuerzo que realiza la comunidad o el conjunto del Estado. "En el caso de Euskadi, en los últimos años su PIB ha crecido muy por encima del resto del Estado y de la UE, con lo que al dividir el total entre lo que se gasta en protección social, este porcentaje baja algo", apunta.

El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social incide en que dentro de la protección social hay varios apartados y uno de los más importantes corresponde al Estado, que, con un 68% del total, corre con los gastos derivados del sistema de la Seguridad Social, incluyendo las prestaciones por desempleo.

Menos paro

El director de Inserción Social, Mikel Santiago, puntualiza que en Euskadi esas prestaciones suponen un porcentaje menor que en el resto del Estado al haber menos paro, de forma que en el cómputo final de gasto social con relación al PIB eso se nota y hace subir el porcentaje estatal.

El gasto en atender a la tercera edad, el 46,5% del total, es el de mayor impacto. Además de las pensiones, recoge otro tipo de prestaciones, como la atención a domicilio y las residencias. El gasto para una persona mayor de 65 años ascendió a 11.949 euros. El siguiente apartado con más gasto es la atención sanitaria, que supone el 30,1% del dinero destinado a la protección social.