El Tribunal de Cuentas ve imposible cifrar el coste del BEC por los problemas en las obras

El Tribunal Vasco de Cuentas ha constatado importantes deficiencias en la gestión de las obras de la nueva Feria Internacional de Muestras en Barakaldo, el BEC. El informe concluye que aún "no se puede estimar el coste total" de la construcción, pues, entre otros motivos, hay reclamaciones de las constructoras por más de 66 millones. El tribunal aprecia irregularidades en los 18 expedientes de contratos por casi 400 millones de euros, como que los proyectos se han completado durante la propia ejecución. El BEC replica que no debe cumplir la ley de contrataciones públicas.

Ninguno de los 18 contratos analizados, por 400 millones, tiene presupuesto para licitar

El informe saca a la luz pública los múltiples problemas en la ejecución del Bilbao Exhibition Centre (BEC), que se construyó casi en su totalidad en tres años -entre el verano de 2001 y abril de 2004, cuando se abrió- y que aún le falta por terminar la torre de oficinas, donde se han concentrado la mayoría de las demoras e inconvenientes. El tribunal, que ha analizado la gestión desde 2001 hasta 2005, constata el incremento progresivo del presupuesto. De los 390 millones previstos en un principio, se elevó a 520 millones, lo que se aprobó por el consejo de administración del BEC en 2002, según señala la entidad en sus alegaciones.

El órgano fiscalizador señala que, "a la fecha de este informe", no puede cuantificar el coste total de esta infraestructura por el retraso en la torre de oficinas, la falta de la liquidación definitiva de los impuestos de obras y las licencias de apertura, y las divergencias sobre los pagos a las constructoras, algunas de las cuales se encuentran en los tribunales.

Las reclamaciones al BEC se cifran en más de 58 millones de euros. De ellos, 23,8 corresponden a los aparcamientos, que se adjudicaron por 56 millones. En este contrato, la sociedad de la Feria reclama 61 millones de euros por retrasos a las empresas. Además, hay otros tres contratos de obras por valor de 80,6 millones en los que las adjudicatarias reclaman cerca de 45 millones. A ello se añade que la principal obra pendiente, la torre de oficinas adjudicada, tiene un "retraso significativo" -iba a concluirse para 2004, luego para 2005 y todavía no tiene una fecha definitiva-, por lo que "el coste final diferirá del coste de adjudicación".

El órgano fiscalizador cuestiona también el plan financiero, que en su día se presentó diez meses después del inicio de las obras. Asegura que, por el sobrecoste, las instituciones que financian la nueva Feria -el Gobierno y la Diputación de Vizcaya, a partes iguales- tuvieron que aumentar su aportación hasta más de 500 millones. Pero "no consta la aprobación de plan financiero" que incorpore este incremento. El estudio señala que el Gobierno y la Diputación tiene que hacer frente hasta 2027, cuando vence el plazo para pagar la deuda, a casi 529 millones y que la cifra pendiente alcanza ahora los 589 millones, una diferencia que se pretende cubrir con los beneficios de la Feria. Pero agrega que, si no hay plusvalías, esos 60,4 millones deberán ser cubiertos con "nuevas aportaciones" de las dos instituciones. En los primeros años de funcionamiento del BEC sólo ha habido pérdidas y para 2007 se prevé un déficit de explotación de 5,5 millones.

Las contrataciones presentan múltiples deficiencias, según el Tribunal de Cuentas. De los 18 expedientes analizados, que absorben la mayor parte del presupuesto de los trabajos de construcción, con casi 400 millones, "en ninguno existe un presupuesto de licitación". A ello añade que se incluyen revisiones o supervisiones de los proyectos una vez iniciados y hay liquidaciones con reclamaciones tanto de las obras como de las direcciones facultativas, que ha llevado varios casos a "la vía contenciosa".

Añade el informe que ninguno de los expedientes analizados se ha publicado en el boletín de la Unión Europea y apunta el caso de una adjudicación por 36 millones de euros a "un licitador distinto al propuesto en el informe técnico". Destaca la eliminación de la oferta económica de un licitador "por ser presuntamente temeraria, a pesar de no existir presupuesto de licitación".

El BEC responde en sus alegaciones que no es una sociedad pública, por lo que no está sometida a la ley de contratos públicos, y asegura que "no hay ninguna circunstancia que permita concluir con certeza" la superación del presupuesto de 520 millones de euros.