El PP de Mogán espió a la comisaria de policía que investigó la corrupción municipal

La concejal del PP Onalia Nieto, primera teniente de alcalde de Mogán, municipio grancanario de 15.000 habitantes, tuvo una intensa labor extramunicipal (e ilegal) hasta su detención el pasado 23 de enero por supuesta corrupción, junto con el alcalde de dicha localidad, José Francisco González (PP), dos funcionarios municipales -el secretario general y el ex redactor del Plan General de Ordenación Urbana, Ángel Sutil y Marceliano Martín, respectivamente- y su asesor en la sombra, Manuel de León.

Las grabaciones sumariales dejan constancia del trasiego de información confidencial sobre la jefa policial

El colaborador de la concejal del PP ha admitido en sus declaraciones que buscaban desprestigiar a la comisaria

La primera teniente de alcalde filtró y pidió datos personales y bancarios de la agente que destapó las irregularidades

La número dos de este municipio turístico no sólo encargó a su principal colaborador, Manuel de León, la compra de votos en favor de su partido con vistas a las próximas municipales. En esa tarea cosechó un mínimo de 300 sufragios ilegales de turistas ajenos al municipio a cambio de empadronarlos ilegalmente en Mogán, lo que les daba derecho a vuelos a precio reducido a la Península en tanto que residentes canarios. Así lo acreditan los indicios acumulados durante la investigación, incluida una grabación con una explosiva confesión telefónica de León: "Ya tengo 300 votos".

Además, la segunda autoridad municipal de Mogán también urdió un plan para intentar desacreditar a la responsable de la investigación policial que supuso su arresto y el de su compañero de filas, el alcalde. Dicha comisaria de policía se había convertido en la bestia negra del PP tras dirigir la investigación que desarticuló la trama corrupta de Telde y que supuso la detención de la totalidad de su equipo de Gobierno, también del PP, en la denominada Operación Faycán.

Asuntos turbios

Nieto, según la investigación, pensó que la mejor manera de desacreditar a una policía especializada en los últimos meses en la persecución de ediles corruptos era enfangarla en algún asunto económico turbio. Algún medio de comunicación afín ya se encargaría de empaquetar los datos para darles la apariencia más perversa. De hecho, dicha comisaria ha sido ya objeto de dardos periodísticos sólo en función de la biografía judicial paterna, un magistrado supuestamente próximo al PSOE. Sus detractores, amén de dar por hecho que las simpatías políticas se heredan, olvidaron, según señalan fuentes de la investigación, que aunque ella hubiera querido manipular o forzar las pesquisas policiales contra ambos focos de corrupción municipal, debería haber contado con tres poderosas complicidades, la de la Fiscalía Anticorrupción, y la de los dos jueces distintos que asumieron y respaldaron sus pesquisas en ambos casos, Telde y Mogán.

La guerra sucia que, según la investigación judicial, entablaron dirigentes del PP contra esta comisaria también orilla un dato que se ha dado en estas dos operaciones que ha dirigido la agente policial: miembros del PP han confirmado en ambos casos las corruptelas municipales investigadas.

En Mogán las denuncias de corrupción municipal partieron de dos ex concejalas del partido que, ante la pasividad de los dirigentes regionales de su formación, optaron por acudir a los tribunales. Y en Telde, Francisco Gordillo, el principal recaudador de la presunta cerebro de la trama, Toñi Torres, reconoció sin ambages haber exigido comisiones ilegales a los contratistas municipales tanto para el lucro personal de los ediles como para financiar al PP.

Nieto puso en marcha semanas atrás un plan para desacreditar a la comisaria responsable de las pesquisas que ya había percibido en su entorno. Y, para sorpresa de los agentes, cuando la investigación ya tocaba a su fin y estaba a punto de materializarse la detención de los implicados, la policía registró una llamativa conversación de la primera teniente de alcalde con su colaborador León. Nieto le dio los datos del DNI de la comisaria, su número de cuenta bancaria y el monto del pago del IBI (impuesto de bienes inmuebles). La comisaria tenía un apartamento turístico en dicha localidad y, a partir de ahí, la primera teniente de alcalde obtuvo sus primeros datos. Después sugirió a León que consultase en el banco si había recibido algún crédito o cualquier otro movimiento y que investigase la notaría a través de la cual compró dicho apartamento, cualquier tipo de dato sobre dicha transacción inmobiliaria o cualquier otra que hubiese efectuado.

León, según quedó registrado en otra conversación grabada, trasladó los datos personales de la comisaria a una tercera persona para que hiciese cuantas averiguaciones pudiese sobre ella y su patrimonio. El flujo de datos era de ida y vuelta. Los tres conspiradores se informaban mutuamente de los tropiezos o avances. En una ocasión se localizó una finca que creían propiedad de la comisaria. Tras advertir el fallo, Nieto les indicó que tenían que buscar algo que estuviera a su nombre ya que ella pagaba personalmente el IBI.

Información extraoficial

La policía oía en las grabaciones cómo contaban con un contacto en el banco para darles información extraoficialmente. La comisaria, alertada de tales movimientos de sus investigados, informó de este espionaje al juez y al fiscal Anticorrupción del caso, y, como medida precautoria, pidió una protección oficial para sus cuentas bancarias, ya conocidas por la trama de los corruptos, mediante un blindaje especial que impedía acceder a ellas. Temía que pudieran inyectarle cualquier ingreso para fingir una irregularidad en su economía, una dádiva o un cohecho. En suma, un ingreso que no pudiera justificar.

Pero también temía que los investigados pudieran llegar a conocer su residencia oficial y hacerle víctima de alguna represalia, en su persona o en sus hijos. En la memoria de los agentes perduraba el mensaje mafioso lanzado con ocasión de la Operación Faycán. Al más puro estilo Corleone, los cuatro perros de la denunciante originaria del caso de corrupción de Telde amanecieron degollados en su chalé. La policía tiene claro que no tiene que buscar como autores de tal fechoría entre habituales maltratadores de animales, sino en mensajeros de los jefes de la trama corrupta desarticulada.

El juez del caso Mogán le ha brindado a la comisaria todo su apoyo y le ha ofrecido ejercer las acciones penales oportunas. Sus ilegales investigadores, la primera teniente de alcalde del municipio y León, han reconocido su espionaje ante el juez, que les ha imputado un delito de revelación de secretos. Si la primera admitió haber facilitado los datos, el segundo no tuvo empacho en reconocer que la finalidad era desprestigiar a la comisaria.