La concejal planeaba filtrar el padrón municipal a su comprador de votos

La compra de votos en Mogán tenía varias componentes ilegales. La primera es que se simulaban contratos de alquiler de larga duración a meros turistas que ocupaban apartamentos por un mes o una semana. Era la labor que se permitía Manuel de León, el colaborador que atendía las órdenes de la primera teniente de alcalde de Mogán, Onalia Nieto, del PP. Esto se hacía a partir de los apartamentos turísticos que regentaba León. Con las llaves del apartamento, entregaba una jugosa oferta: empadronar como residente en Mogán al cliente, que ganaba con ello una reducción del 50% en sus vuelos hacia la península, en su nueva condición de residente oficial canario.

La exigencia era simple: el cliente debía garantizar que emitiría su voto en favor del PP en las próximas elecciones municipales. El sistema que utilizaba León para garantizar el empadronamiento al turista aún se está investigando. Lo único conocido es que él se encargaba de tramitarlo todo y de dar por resuelto el papeleo al agradecido cliente.

Pero de las grabaciones y de las declaraciones judiciales no sólo queda claro que la concejal Nieto le mandaba tal misión, que él cumplía, sino que la primera teniente de alcalde llegó a prometerle la entrega de una poderosa arma preelectoral: el padrón municipal.

Con ello, León podía comprobar y demostrar el éxito de sus gestiones ante sus votantes captados. Igualmente, podía intentar dirigir su labor persuasiva en torno a las familias o direcciones que les suministrara dicha guía electoral. La investigación apunta que esta maquinaria ilegal electoral del PP no se agotaba en Nieto y en su colaborador. Hay más implicados. Esto hace difícil evaluar el monto real del censo inflado por tales agentes de captación de votos. León se jacta en una conversación intervenida que ha logrado ya 300 votos ilegales en favor del PP. Falta por determinar cuántos sufragios falseados pudieron haber comprometido los otros miembros de esta trama. No obstante, el pellizco ya conseguido, 300 votos, era ya suficiente para garantizar una victoria popular en un municipio de exiguo censo, apenas 8.600 vecinos.

El municipio tiene al menos tres antecedentes de presuntas ilegalidades electorales: en 1979 se denunció el voto de numerosos fallecidos, y se anuló la consulta; en 1999 se investigó por qué el alcalde en funciones empadronó en su domicilio a varios centenares de votantes, causa que se archivó; y en 2003 se renovaron las acusaciones de trasladar en coche a vecinos a las urnas a cambio de pagar el recorrido con el voto.