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Hacienda destinará 2.000 funcionarios a la lucha contra el fraude inmobiliario

La Agencia Tributaria cuadruplica las unidades de investigación de tramas a gran escala

Lucía Abellán

El fraude inmobiliario se ha convertido en la prioridad de la Agencia Tributaria para este año. El 40% del personal de Inspección se dedicará a perseguir delitos en este sector, lo que supone 2.000 profesionales entre inspectores, subinspectores y otros cargos. Son aproximadamente 500 más de los que investigaron el ladrillo en 2006. La promoción inmobiliaria, la subcontratación y el rastreo de los precios declarados a Hacienda para ver si se ajustan al mercado constituyen las principales actuaciones. Además, se cuadruplican las unidades de investigación para los delitos a gran escala.

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Un total de 2.000 funcionarios de la Agencia Tributaria tendrán este año como misión destapar el mayor volumen posible de fraude inmobiliario. La plantilla de Inspección está compuesta de 5.000 personas entre inspectores, subinspectores y otros profesionales. De ellas, un 40% pondrá bajo la lupa las operaciones ligadas a la construcción. El año pasado, el porcentaje ascendía al 30%. El auge que ha experimentado el sector inmobiliario en los últimos años y la proliferación de focos de elusión fiscal vinculados a esas actividades justifican el aumento de los recursos.

No todos los inspectores y subinspectores se dedicarán de forma exclusiva al ladrillo. Algunos compatibilizarán esa labor con otras de la Agencia Tributaria, pero al menos parte de su trabajo se centrará en ese terreno. Su actividad incluirá desde actuaciones preventivas hasta otras más sofisticadas.

El rastreo del sector inmobiliario abarcará varios frentes. Se investigará a los promotores inmobiliarios para detectar los supuestos en los que la rentabilidad de la operación sea menor de lo que establece el mercado, un claro indicio de fraude fiscal. Además, se utilizará una base de datos con precios reales de venta para comprobar si las transmisiones de inmuebles se ajustan a esas referencias. Atención especial merecerán los nuevos desarrollos urbanísticos, que se han multiplicado en España, en algunos casos sin rendir cuentas al fisco.

Más allá del sector inmobiliario, Hacienda perseguirá con más ahínco todo el fraude a gran escala. Para ello ha decidido crear 30 nuevas unidades de investigación, lo que implica cuadruplicar las 11 ya existentes. La Agencia está satisfecha con el resultado que le han dado esas unidades, creadas a finales de 2005. Esos núcleos, integrados normalmente por cuatro profesionales, han contribuido a destapar fraudes como el de la operación Malaya, en el Ayuntamiento de Marbella, la corrupción en despachos de abogados en Madrid y Barcelona y otras operaciones de gran cuantía.

Las nuevas unidades se ubicarán "allí donde más fraude haya", según fuentes de la Agencia Tributaria. Es decir, en todo el arco mediterráneo, desde la Costa del Sol hasta Cataluña, en Madrid y en Andalucía. Contando con el personal de las ya existentes, los inspectores, subinspectores y el resto de profesionales asignados a esas unidades ascenderán a unos 170, aunque su labor se verá reforzada con el personal de la Agencia en cada provincia.

Técnicas policiales

Las unidades de investigación intentarán desentrañar el fraude más complejo, aquél que requiere el empleo de técnicas cuasipoliciales para atajarlo. Se trata del blanqueo de capitales, los paraísos fiscales o la utilización masiva de billetes de 500 euros. La iniciativa se enmarca en el plan de control tributario que elabora anualmente este departamento y cuyas líneas generales se publicaron ayer en el Boletín Oficial del Estado.

Al margen de los nuevos núcleos, la Agencia mantendrá los nueve de auxilio judicial que han funcionado durante 2006. Son pequeños equipos que se crean por petición expresa de los jueces cuando instruyen un sumario y necesitan expertos tributarios para descifrar los delitos económicos. Una de esas unidades está adscrita a la operación Malaya. La Agencia no descarta impulsar más unidades de este tipo a lo largo del año si los juzgados lo solicitan.

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Sobre la firma

Lucía Abellán
La redactora jefa de Internacional de EL PAÍS ha desarrollado casi toda su carrera profesional en este diario. Comenzó en 1999 en la sección de Economía, donde se especializó en mercado laboral y fiscalidad. Entre 2012 y 2018 fue corresponsal en Bruselas y posteriormente corresponsal diplomática adscrita a la sección de España.

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