Los pescadores paralizan las obras del puerto exterior de A Coruña

Los pescadores y mariscadores afectados por la construcción del nuevo puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, se han hartado de esperar por las indemnizaciones que el Estado debía haberles pagado antes de finalizar 2006 en compensación por la imposibilidad de seguir faenando en una zona especialmente rica en percebes. Desde ayer, unos 60 representantes de los 200 damnificados acampan a la entrada del puerto de Suevos, en Arteixo, impidiendo la entrada de camiones.

Mantendrán su protesta hasta obtener algún compromiso en firme de la Autoridad Portuaria, que tiene previsto reunirse el jueves con el delegado del Gobierno en Galicia para abordar este problema.

El Consejo de Estado es el órgano encargado de resolver el expediente administrativo que reconoce la necesidad de compensar económicamente a los marineros por verse obligados a renunciar a una zona de marisqueo de mayor extracción, principalmente en percebes, donde se asentará parte del futuro puerto coruñés.

Además de la demora en percibir las indemnizaciones, los percebeiros están molestos con la Autoridad Portuaria por haber remitido al órgano consultivo del Estado una evaluación de las compensaciones sin haber consultado a los afectados.

Un estudio de la Universidad de Santiago cifra en 27 millones de euros el perjuicio económico de los pescadores por la pérdida de una zona como Punta Langosteira. Las obras del puerto comenzaron en 2005 y tanto el Congreso de los Diputados como el Parlamento gallego avalaron, con sendas resoluciones, la necesidad de compensar al colectivo pesquero afectado por la nueva dársena.

Los percebeiros, representados por la CIG, exigen ser recibidos por la Autoridad Portuaria y el delegado del Gobierno para arrancarles la promesa de que se agilizarán estos pagos. Lamentaron que el Estado haya encargado a un órgano consultivo como el Consejo de Estado la resolución de su demanda, sin darle ningún carácter de urgencia. Y recuerdan que el plazo establecido por la propia institución estatal para pagar las compensaciones finalizó el 31 de diciembre.