Después de ETA, ¿qué?

Es difícil comprender por qué el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha elegido como estandartes de esta legislatura el Estatuto de Cataluña y el final dialogado de ETA. La primera cuestión derivaba de la promesa formulada en un mitin de las elecciones catalanas cuando Zapatero prometió a Pasqual Maragall que el Congreso de los Diputados haría suyo el Estatut que le remitiera el Parlament. Pero el compromiso en absoluto incluía que hubiera de ser ZP quien acudiera al rescate de un texto encallado para trasladar el marco de negociación a Moncloa. Así quería sumar a los convergentes de Artur Mas pero con la consecuencia del descuelgue de Esquerra Republicana de Cataluña, ajena a los más elementales deberes de solidaridad con el Gobierno del que formaba parte. La segunda bandera, la del fin de ETA, tenía como sustento tres años sin atentados mortales y la observación de condiciones ambientales favorables.

Por nuestra parte la objeción básica se refiere sólo al orden de prioridades establecido por el presidente, y para nada descarta la validez de esos objetivos. Pero ignoramos por qué ambos propósitos habían de perseguirse a todo trance y además con el rabioso protagonismo personal del presidente. Nadie explicó por qué se evitó delegar como vimos hacer por ejemplo a Tony Blair en el caso del IRA. Otra cosa es que siempre supiéramos que si alguna vez ETA llegara a desistir de manera irreversible del recurso a la violencia terrorista tendría todo el sentido un diálogo final. Pero un diálogo que sólo podría incluir tres puntos en el orden del día: primero, la entrega de las armas, sobre todo por su valor simbólico; segundo, los beneficios penales y penitenciarios que en adelante serían aplicables a la población reclusa de esa procedencia, y tercero, las medidas económicas y sociales más convenientes para favorecer su reinserción.

Porque con el "rompan filas" de la banda dejaría de ser de aplicación a los etarras el endurecimiento de los tipos penales establecidos para los casos de delincuencia organizada. Tampoco podría privárseles, a partir de su disolución, de las previsiones legales para redimir de modo parcial el cumplimiento de sus condenas. Además de que, abolida la pena de muerte por la Constitución, debemos prepararnos a que los asesinos, cumplidas sus sentencias, salgan a la calle y habiten entre nosotros. Y desde luego nos conviene impulsar medidas inteligentes que les disuadan de reincidir y les inciten a reinsertarse, sin menoscabo de las víctimas a las que debemos honrar. En definitiva, después de ETA, de su disolución, de su desistimiento, quedarían todavía los integrantes de sus huestes y sus afines políticos o callejeros, sin que sea posible su exterminio o su envío a campo de concentración alguno.

El caso es que Zapatero, como todos y cada uno de sus predecesores en la Presidencia del Gobierno, creyó que se daban las condiciones para intentar ese diálogo con ETA. Luego, los etarras volaron el pasado 30 de diciembre uno de los aparcamientos de la T-4, y resulta que "buscar ahora el final dialogado es puro voluntarismo", como sostiene el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. En cuanto al PP, no ha brindado un solo segundo para el entendimiento en aras de sumar esfuerzos contra la amenaza etarra. Rajoy ha dejado de buscar soluciones para considerarse a sí mismo como la única solución, la única encarnación del patriotismo y, mientras tanto, prosigue por la senda del cuanto peor mejor. Una senda en la que le acompaña y le jalea la orquesta mediática habitual y que induce al PSOE a considerar prescindible al primer partido de la oposición.

Del presidente hubiéramos podido esperar que considerara fracasado el intento al que tenía derecho, y que anunciara cómo sólo a un futurible Gobierno del PP podría corresponderle volver a ensayarlo. Para lo cual, llegado el caso, brindaría el apoyo que ahora le han negado. Otra posición alternativa hubiera sido la de que Zapatero se comprometiera a que, bajo su presidencia, cualquier nuevo intento de final dialogado del terrorismo sólo se haría de conformidad con el PP y con la participación de un representante que designara ese partido.