"Es una falacia que hayamos retrasado la regularización"

El subdelegado del Gobierno en Vizcaya, Miguel Ángel Fernández (Portugalete, 1951), está muy molesto con las críticas de las coordinadora de ONGs de ayuda a los inmigrantes, que le han acusado de retrasar la regularización de los 61 inmigrantes que denunciaron haber sido objeto de una estafa en sus contratos laborales.

Pregunta. Le han puesto a bajar de un burro.

Respuesta. Nosotros siempre hemos ayudado a los inmigrantes. Cuando llegamos, había más de 17.000 expedientes de regularización atrasados que se pusieron al día en dos años. A ellos se juntaron 8.000 expediente más de la regularización extraordinaria. Pusimos personal para evitar las colas y otras medidas. Es sorprendente este tipo de acusaciones falsas y sólo se entiende por la cercanía de unas elecciones locales o porque alguno tiene ganas de salir en los periódicos.

"Desde la Subdelegación de Vizcaya remitimos un informe favorable a la concesión de los permisos temporales para los 61 inmigrantes estafados"

"Espero que los parlamentarios de Derechos Humanos no dilapiden el dinero público y no pierdan el tiempo con esto, porque aquí no hay caso"

P. Pero les han acusado de lavarse las manos en el caso de los 61 inmigrantes estafados y de retrasar la regularización temporal por asesorarles mal.

R. Eso es una falacia. Primero, nosotros no estamos para asesorar a nadie. El 7 de febrero pasado se registró la solicitud de la ONG para lograr la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por colaboración con autoridades administrativas, al denunciar el fraude de los falsos contratos. Lo estudiamos y, aunque era incompleto, dos días después lo remitimos a la Secretaría de Estado de Inmigración, con el informe favorable de esta Subdelegación. Pese a las dudas de si era un asunto de Inmigración o de Interior, informamos positivamente. Aunque también dimos cuenta de la solicitud, el 27 de febrero, a la Secretaría de Estado de Seguridad.

P. ¿Pero no existía una herramienta legal que le permitía resolver a usted directamente sobre la regularización?

R. Es verdad que el 4 de julio de 2006 se publicó en el BOE una resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración delegando en los subdelegados del Gobierno la competencia para resolver solicitudes de residencia temporal para extranjeros por colaboración con la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

P. Luego sí que estaba en sus manos haber resuelto la situación de residencia de esos inmigrantes.

R. Pues no, salvo que me dedicara a prevaricar, cosa a la que no estoy dispuesto. El 7 de julio, es decir, tres días después de la resolución aparecida en el Boletín Oficial del Estado, se produce en este caso una inhibición de competencias por parte de la Secretaría de Estado de Inmigración a favor de la Secretaría de la Seguridad del Ministerio del Interior, al considerar que no cabía concluir conexión o colaboración de los citados extranjeros con autoridades administrativas distintas a las policiales.

P. ¿Quién es el competente entonces para regularizar a estos inmigrantes sin papeles?

R. Según ese escrito, la propia Secretaría de Inmigración y Emigración dice con claridad que corresponde al Ministerio del Interior la competencia para resolver sobre solicitudes de autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales basadas en la colaboración con autoridades policiales, fiscales o judiciales.

P. ¿Esa decisión les impide entonces poder tramitar desde aquí la solicitud?

R. Efectivamente, porque esa resolución de un órgano superior como la Dirección General de Inmigración nos impide tramitarlo por colaboración con Inspección de Trabajo.

P. Esta es, sin embargo, la vía defendida desde el principio por la coordinadora de ONGs de apoyo a inmigrantes Harresiak Apurtuz.

R. Pero la resolución nos ciega esa vía y remite el expediente al Ministerio del Interior. Por tanto, difícilmente hemos podido desde la Subdelegación retrasar el expediente, máxime cuando hasta elevamos un informe favorable a la concesión de la residencia temporal. Nuestra actuación se ha basado en una colaboración total con estas personas, porque nos repugna que algunos se aprovechen de su situación para explotarles por medios espúreos. A unas personas que lo único que ha hecho es venir aquí huyendo de la pobreza de su país.

P. ¿No hay forma alguna de acelerar los trámites para que obtengan los papeles?

R. Yo había convocado a la ONG para el 2 de febrero, pero ellos no podían. Pero, vistas las críticas falsas que nos hecho y el anuncio de llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, lo conveniente es retrasarla sine die.

P. ¿Y a qué cree que obedecen entonces las críticas de las ONGs?

R. Es un conflicto artificial, porque esta documentación la tienen que tener. Y, además, si cumplían todos los requisitos cuando se produjo el engaño, dentro de tres meses tendrían derecho a la residencia por arraigo laboral. Serán ganas de figurar de alguien. Espero que los parlamentarios de la Comisión de Derechos Humanos no dilapiden el dinero de los contribuyentes y se dediquen a algo mejor que a perder el tiempo con este asunto. Aquí no hay caso.