Alemania pide que la negación del Holocausto sea castigada en toda la UE

Alemania, el país que preside este semestre la Unión Europea, quiere que negar el Holocausto se convierta en delito en los 27 países que desde enero forman la Unión. Así lo hicieron saber ayer miembros de la delegación alemana que asistieron en Dresde al Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, donde buscarán soluciones a las crisis migratorias y tratarán de mejorar la cooperación policial. Italia, hasta ahora reticente a consentir la iniciativa sobre la negación, habría cambiado de posición, según indicaron ayer fuentes diplomáticas alemanas.

En total, nueve países de la UE contemplan sanciones penales para los negacionistas, algunos de los cuales han pasado largas temporadas en prisión.

Castigar el negacionismo forma parte de una amplia iniciativa para condenar el racismo y la xenofobia que la presidencia alemana piensa impulsar durante su mandato y que podría presentarse el próximo abril. La propuesta tomará como punto de partida un texto elaborado por la presidencia luxemburguesa hace dos años y que establece penas de entre uno y tres años para aquellos individuos que inciten al odio y la xenofobia, según confirmó ayer en Dresde la ministra de Justicia alemana, Brigitte Zypries. Fuentes de la Comisión Europea precisan sin embargo que podrán abstenerse de aplicar la norma europea aquellos países en los que entre en conflicto con su Constitución. Suecia, que cuenta con una amplia defensa de la libertad de expresión en su Carta Magna, es el único país que por el momento ha hecho pública esta contradicción.

Los límites a la libertad de expresión han suscitado un intenso debate en los foros europeos durante los últimos meses. La publicación de las caricaturas de Mahoma en Dinamarca el año pasado supuso el pistoletazo de salida. Luego le siguió la ley que prohíbe la negación del genocidio armenio en Francia y próximamente en Holanda. Y la puntilla la puso el reciente cónclave negacionista organizado a finales del año pasado por el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, y al que fueron invitados numerosos europeos, algunos de ellos procesados en sus países.

La iniciativa luxemburguesa sobre la que ahora trabaja Alemania también habla de signos -como la esvástica- que inciten al odio. Berlín pretende sin embargo dar con un texto lo suficientemente ambiguo como para evitar una mención expresa a determinados símbolos, cuestión que terminó por dar al traste con la iniciativa, después de que eurodiputados de países ex comunistas exigieran que se incluyera la hoz y el martillo.

Cárcel para los culpables

La idea de castigar con la cárcel la negación del Holocausto en la UE no es nueva. Fue en 2001 cuando la Comisión Europea puso la primera propuesta sobre la mesa. Desde entonces, los socios europeos se han topado con la negativa de Italia. Fuentes diplomáticas alemanas aseguraron ayer que por primera vez Roma estaría dispuesta a dar el visto bueno a la iniciativa. Otros países como Suecia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca han puesto también reparos a la iniciativa, pero Berlín se decantaría por una versión revisada que salvara los peros de estos países que no se oponen frontalmente. Junto a esta iniciativa para combatir el racismo y la xenofobia, los ministros de Interior y Justicia alemanes se concentrarán durante los próximos seis meses en reforzar la cooperación policial entre los Veintisiete, en tratar de armonizar ciertos aspectos del derecho de familia -divorcios y herencias- y en luchar contra la inmigración ilegal, según explicaron los ministros ayer en Dresde.

En el capítulo de cooperación policial, Berlín pretende convencer a sus socios para que se adhieran al Tratado Prüm, firmado el año pasado por siete países (incluida España) para que sus fuerzas de seguridad intercambien datos de ADN y de matrículas de coches. Al menos otros cuatro países de la UE ya han anunciado su intención de sumarse al tratado. De lograrse el acuerdo de los Veintisiete, constituiría toda una novedad desde el punto de vista de la toma de decisiones en las instituciones europeas. Para los asuntos de Interior, es necesaria la unanimidad, es decir, que ningún país presente su veto, lo que rara vez ocurre en una Europa a Veintisiete. La Constitución europea resolvía este problema al establecer la mayoría cualificada en la toma de decisiones.