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Las autonomías piden más control del agua por intereses urbanísticos, según los ecologistas

Las principales asociaciones ecologistas, Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF/Adena, advirtieron ayer de que las peticiones de las comunidades autónomas para tener más competencias sobre el agua responde a intereses urbanísticos. El agua será un tema central en la conferencia de presidentes autonómicos -que se celebrará hoy en el Senado- pese a la contaminación masiva de los ríos, la sobreexplotación de los acuíferos, los centenares de miles de pozos ilegales, los regadíos sin permiso y las urbanizaciones proyectadas donde no hay garantía de suministro.

Ecologistas en Acción criticó que Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón (PSOE) y Madrid y Castilla y León (PP) pidan más competencias sobre el agua y más caudal para "evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos aunque superen las disponibilidades hídricas renovables de sus territorios", según el responsable de agua de la organización, Santiago Martín Barajas: "Los presidentes autonómicos se han dado cuenta de que el agua puede limitar el urbanismo salvaje y por eso piden más competencias".

Castilla-La Mancha ha autorizado miles de viviendas junto a la Comunidad de Madrid que prevé abastecer con agua del Tajo y en el entorno de Ciudad Real que abastecerá gracias al trasvase Tajo-Guadiana que construye el Gobierno. Para todos estos nuevos usos, campos de golf incluidos, necesita derogar el trasvase Tajo-Segura, algo que han pactado el PSOE y el PP en la comunidad.

En Valencia y Murcia hay decenas de miles de viviendas aprobadas pese a no tener garantizada el agua. Martín Barajas critica el precedente del Estatuto de Andalucía, que otorga a la autonomía la gestión de la cuenca del Guadalquivir en su territorio, pese a que la cuenca abarca tres comunidades más. La Directiva Marco del Agua establece que un mismo organismo debe gestionar toda la cuenca.

El responsable de agua de Greenpeace, Julio Barea, señaló que España "es pionera en la unidad de gestión de cuenca, como marca la directiva marco del agua, y no se puede romper porque lo pidan las autonomías".

La organización WWF/Adena denuncia que Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana "promueven políticas obsoletas para aumentar el consumo con un impacto muy negativo sobre los ríos". Por eso reclama "mayor coordinación entre administraciones para cerrar pozos ilegales, así como medidas para restaurar riberas, asegurar caudales ambientales y evitar el despilfarro de agua en el regadío".

Ecologistas en Acción denuncia que la reforma de la ley del Plan Hidrológico, de 2005, no ha limitado el crecimiento urbanístico en zonas sin agua.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de enero de 2007