Necesario y posible

El nuevo encuentro entre Zapatero y Rajoy, primero tras el brutal atentado de Barajas, sólo sirvió para que ambos repitieran sus discursos respectivos, a la espera cada uno de ellos de que sea el otro quien rectifique. Es lo que se deduce de las explicaciones paralelas ofrecidas por el líder del PP y la vicepresidenta del Gobierno al término de la entrevista. Así, la unidad que ambos reclaman es imposible. Y ello ocurre pese a que el momento es de los que requieren una respuesta de apoyo al Gobierno, organizada ante todo por los dos grandes partidos; por ejemplo, frente a lo que la declaración de Otegi de ayer parece anunciar: un próximo comunicado de ETA emplazando al Gobierno a reanudar las conversaciones.

Las exigencias de Otegi al Gobierno son las de siempre, pero esta vez se añade un llamamiento a ETA para que mantenga el alto el fuego anunciado el 22 de marzo. Sin embargo, no se puede mantener lo que ya no existe. A no ser que ETA pretenda que los muertos fueron una consecuencia no querida del atentado por lo que siguen vigentes la tregua y el diálogo. Aceptar tal planteamiento significaría dar por bueno que es posible un diálogo con atentados que pueden o no provocar muertes. El Gobierno no podría admitirlo, y es seguro que el PP compartiría la firmeza en el rechazo. Episodios colaterales como el repudio de los socialistas vascos al lema propuesto por Ibarretxe para una manifestación "por la paz y el diálogo" confirman que el partido del Gobierno considera imposible cualquier diálogo en las actuales circunstancias.

Pero indican también que hay quienes no piensan lo mismo, como el lehendakari. Sería conveniente que Zapatero y Rajoy, que representan al 80% de los ciudadanos, se pusieran de acuerdo en la respuesta a ésa y otras situaciones que se producirán ahora. Y de eso es de lo que deberían haber hablado ayer. Rajoy apeló nuevamente al Pacto Antiterrorista como marco de la unidad, a sabiendas de que los socialistas están ahora obligados a incluir a las formaciones que respaldaron la resolución parlamentaria de 2005 sobre el final pactado de ETA y especialmente al PNV. Ambos textos comparten el principio de la negativa a pagar precio político por el fin de la violencia, que podría ser el eje (en absoluto banal) de un nuevo pacto basado en la experiencia de lo ocurrido.

El que se firmó en 2000 excluía expresamente del consenso democrático a un PNV que no había abandonado la lógica de Lizarra, es decir, justamente, la legitimidad de reclamar un precio político. Sería absurdo mantener esa exclusión ahora que el sector mayoritario de ese partido ha renunciado a tal pretensión, pese a las resistencias internas. Ese motivo bastaría para intentar ahora un marco de acuerdo diferente, aunque incorporase gran parte del contenido de aquel: utilización de todos los instrumentos del Estado de derecho contra ETA, respeto a las reglas y procedimientos establecidos en eventuales reformas del marco institucional, eliminar de la confrontación partidista el problejma terrorista, etc.

El principal obstáculo es la negativa a cualquier diálogo con ETA, implícito en el pacto de 2000. Pero es falaz contraponer derrota de ETA y final pactado, ya que lo primero es condición para lo segundo, y ahora hasta Aralar, escisión de Batasuna, defiende que no puede haber diálogo, ni hoy ni nunca, sin derrota, es decir, sin un compromiso irreversible y verificado de abandono definitivo de la violencia. Y ésa podría ser la respuesta compartida al comunicado que tal vez prepara ETA.