680.000 euros por una alergia que acabó en demencia

Cualquier intervención quirúrgica conlleva sus riesgos. Lo que no es habitual es que los médicos los multipliquen al obviar una alergia conocida y usen un fármaco cuya reacción deja al paciente con una "demencia" que le impide "realizar ninguna función independiente dentro y fuera de su casa, necesitando ayuda de otras personas para actividades de la vida diaria como la higiene, el baño, la alimentación y el vestirse".

Es lo que ocurrió en el hospital Puerta de Hierro el 12 de junio de 2002, cuando M. E. G. J., de 69 años, fue operada para corregir una severa hernia intestinal. Dos semanas antes, la mujer había sufrido un episodio alérgico al metamizol (comercializado como Nolotil) y así lo hizo constar el personal de enfermería en la hoja que entregó al médico que la iba a operar.

De nada sirvió la advertencia. Los facultativos le suministraron una dosis intravenosa de Nolotil, lo que le causó "un rash cutáneo generalizado y la pérdida de pulso" por parada cardiorrespiratoria. Fue reanimada, pero demasiado tarde.

La denuncia de la familia ha sido estudiada por el Tribunal Superior de Justicia. Los argumentos utilizados ante el juez por Zurich, la aseguradora de la Consejería de Sanidad, para defender la actuación de los médicos parecen haber tenido un efecto contrario al deseado. Zurich afirma, entre otras cosas, que la paciente había recibido otras veces Nolotil sin problemas y que el hecho de que la alergia "constase en la hoja de enfermería no es una prueba clara de la enfermedad, ya que es sólo la opinión de un diplomado de enfermería que no está capacitado para realizar diagnósticos".

La respuesta del juez a estos argumentos es contundente. Incluso destaca que "las puntualizaciones que hacen los peritos [de Zurich] extraña en quienes deben ser imparciales, pues sus argumentaciones son tan sesgadas (...) que están cercanas a una responsabilidad penal".

El juez censura "la descoordinación de los médicos" y que éstos no leyeran las hojas de enfermería -"¿para qué sirve su recogida de datos?", se pregunta- y acaba dando la razón a la familia. La indemnización, una de las más altas a las que la Comunidad de Madrid ha sido nunca condenada, es de 682.282 euros. La familia ha recibido la asistencia jurídica de Avinesa, con el abogado Rafael Martín Bueno.