La Audiencia paraliza una obra en Tui promovida y recalificada por el alcalde

La Audiencia de Pontevedra ha paralizado en Tui una urbanización de 300 pisos de la inmobiliaria Tuyvi, de la que es apoderado el alcalde del municipio, Antonio Fernández Rocha, del PP. La empresa, propiedad de su hijo, compró los terrenos en abril de 2003 por 1,7 millones. Cuatro meses más tarde, el Ayuntamiento duplicó las alturas permitidas en el resto de polígonos de la zona. Las obras habían comenzado sin licencia, según la juez que instruye el caso. A Rocha, su asesora y cinco funcionarios se les imputan delitos urbanísticos y contra el patrimonio histórico.

El 28 de agosto de 2003, cuatro meses después de que Tuyvi comprara la parcela, de casi 6.000 metros cuadrados y conocida como Patazumba, el ayuntamiento aprobó el estudio de detalle de la unidad de ejecución en la que se integró la finca, lo que permitió a la empresa del hijo del alcalde construir hasta una altura de bajo, cinco plantas y una más bajo cubierta, casi el doble que el resto de los polígonos del entorno. Una denuncia trasladada por la fiscalía a la juez permitió paralizar las obras, que habían comenzado sin licencia. La inmobiliaria recurrió sin éxito la paralización ante la Audiencia de Pontevedra.

La autorización de las cinco plantas permite a Promociones Tuyvi consumir toda la edificabilidad autorizada por el Plan General de Tui de 1994, de 1,40 metros cuadrados por metro cuadrado. Pero ese índice era de polémica aplicación a la Unidad de Ejecución número 2, la de la empresa del alcalde y su hijo, de 14.648 metros cuadrados, ya que la Ley del Suelo de 1997 establece un coeficiente máximo de 0,825 metros para todas las categorías de suelo urbano no consolidado en ciudades de 5.000 a 20.000 habitantes, como es el caso.

Según cálculos del Grupo Socialista en Tui, la edificabilidad que le corresponde al proyecto urbanístico de Tuyvi es 8.056 metros cuadrados inferior a la tramitada por el Ayuntamiento, lo que dejaría unos beneficios que el PSOE estima superiores en unos 9,6 millones de euros a los legalmente permitidos.

Plan general anulado

Ante las denuncias que comenzaron a aflorar por el aumento de las alturas permitidas en la finca de su hijo, el alcalde tudense intentó validar la nueva edificabilidad mediante un nuevo Plan General de Ordenación Municipal, aprobado inicialmente en diciembre de 2003, pero se encontró con la anulación del documento que decretó la Consellería de Política Territorial, entonces dirigida por el hoy presidente del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo.

La anulación del plan general suponía la suspensión definitiva de licencias en Tui, lo que no impidió a Rocha autorizar un proyecto de equidistribución que la fiscalía consideró en su denuncia "de imposible aprobación", dado que el plan en que se basaba carecía de validez. La fiscalía también denuncia el desarrollo de infraestructuras "que dejaron al suelo en clara predisposición de uso no previsto en el inexistente plan".

Pero no acaban ahí las irregularidades que investiga la juez. Así, el auto de paralización de las obras asegura que "la gravedad [de los hechos] se incrementa" por el hecho de que un informe de la Policía Autonómica constató que, en septiembre de 2003, en la parcela se estaban llevando a cabo actuaciones, que iban "más allá" del desbroce de maleza, que "no están permitidas y de las que deben abstenerse mientras no concluya el presente procedimiento". La titular del juzgado imputa a los siete procesados otro delito contra el patrimonio histórico por no respetar la zona de protección de un hórreo catalogado y por la tala de árboles centenarios, de los que ya no queda rastro en la parcela Patazumba.

El auto que ahora dicta la Audiencia Provincial confirma la paralización de las obras decretada por el juzgado de instrucción número 1 de Tui. El pasado 21 de diciembre compareció ante la juez la asesora urbanística de Fernández Rocha, Myriam Buján, implicada en el caso junto al concejal del PP Moisés Rodríguez -con vínculos familiares con el alcalde y empleado de Promociones Tuyvi-, el arquitecto y el aparejador municipales y tres sucesivas secretarias municipale

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Las prisas de Antonio Fernández Rocha por sacar adelante el proyecto inmobiliario parecen justificadas. Según la escritura de compra de la parcela Patazumba, la inmobiliaria deberá indemnizar con 1,1 millones de euros a sus antiguos propietarios si antes de abril de 2009 no les entrega 11 viviendas en la urbanización que pretende construir, como parte del precio pagado por la finca.