El efecto huida

Una de las tentaciones políticas más peligrosas es empeñarse en ofrecer respuestas simples a los problemas complejos, y eso es lo que está ocurriendo con el debate sobre la inmigración. A estas alturas, es muy difícil sostener que nuestras reformas legales juegan algún papel relevante en el hecho de que casi 30.000 africanos hayan llegado a las costas españolas a lo largo de este año. Se trata de hombres, mujeres y niños que se embarcan en un viaje en el que tienen serias posibilidades de perder la vida, y que a menudo obliga a sus familias y comunidades a contraer deudas con las que cargarán durante años. Hace falta una buena razón para asumir semejante riesgo, y parece poco probable que la encontremos en el BOE.

En realidad, de lo que estamos hablando es de un poderoso efecto huida: los africanos se aferran a cualquier oportunidad para salvar a sus familias de una vida miserable, y cualquiera en su lugar haría lo mismo. Uno de cada seis niños africanos muere antes de cumplir los cinco años, casi siempre por una combinación de malnutrición y enfermedades que serían fácilmente prevenibles, lo que significa que en este debate no hay atajos: hasta que no resolvamos el problema de la pobreza, la inmigración insegura seguirá siendo incesante e imparable.

Ésta es una respuesta incómoda, porque el desarrollo de África es un problema muy complicado en el que los propios africanos deben tomar la iniciativa. Uno de los retos principales consiste en superar la debilidad institucional y democrática heredada de la colonia y de la Guerra Fría. Pero sería insensato ignorar el papel que debe jugar la comunidad internacional, cuyo compromiso hasta ahora ha sido, por decirlo de forma suave, insuficiente. La ayuda internacional es imprescindible, por ejemplo, para elevar el alarmante estado de la educación, que en países emisores de emigrantes como Malí deja a uno de cada dos niños fuera de la escuela primaria. Lamentablemente, la cooperación de los países industrializados sigue sin estar a la altura de la retórica de sus dirigentes.

Lo que es peor, los intereses creados en los países ricos pueden destruir con una mano lo que los ciudadanos y contribuyentes construyen con la otra a través de la ayuda al desarrollo, como demuestra el caso español. Mientras la cooperación oficial ha situado a África entre sus prioridades, incrementando los recursos y los esfuerzos para reducir la pobreza de este continente, otras políticas gubernamentales trabajan exactamente en el sentido contrario. España se opone, por ejemplo, a una reforma de la política agraria europea que beneficiaría a África enormemente. Un incremento de tan sólo el 1 por ciento en la cuota mundial de exportaciones que disfruta este continente se traduciría en un aumento de más del 20 por ciento en la renta media per cápita de los africanos, equivalente a 50.000 millones de euros anuales.

El comercio no es el único ámbito en el que los intereses nacionales van por delante de las buenas intenciones. España es el principal exportador mundial de municiones para armas ligeras a África subsahariana, por delante de grandes fabricantes como el Reino Unido. Entre los años 2002 y 2003 empresas españolas exportaron a Ghana 534 millones de cartuchos, una cifra similar a la de años anteriores. Dice el Ministerio de Comercio que se trata de munición de caza, pero eso convertiría a este pequeño país de África occidental en una monumental montería, así que es muy posible que esa munición tenga usos menos recreativos. Ghana es limítrofe con un país como Costa de Marfil, que sufre un grave conflicto interno, y cercano a otras zonas de gran inestabilidad como Sierra Leona, Guinea Conakry o Liberia. Todos ellos son países emisores de emigración hacia Europa.

El Gobierno ha empezado a ser consciente de este conflicto, y por eso presentó hace unos meses el Plan África con el doble objetivo de reducir los flujos de inmigración y de contribuir al desarrollo de la región. Sin embargo, y aunque es un primer paso en la dirección correcta, no parece que esta iniciativa vaya a resolver ni una cosa ni la otra. Con excepción de una defensa cerrada de nuestros intereses en ciertos sectores económicos como el energético o el pesquero, el contenido del plan no es más que una sucesión de lugares comunes y vagas intenciones. Si queremos responder al reto de África necesitamos un programa de trabajo mucho más coherente y menos superficial de lo que se nos ha ofrecido hasta ahora.

España no es la culpable de la pobreza africana y, con toda seguridad, no es la única responsable de su desarrollo. Pero hay ámbitos concretos donde una combinación de voluntad política y recursos económicos puede contribuir a romper el círculo vicioso del subdesarrollo. La preocupación suscitada entre la población de nuestro país por la llegada de inmigrantes africanos ofrece la oportunidad de que España se convierta en parte de la solución, y no en parte del problema como hasta ahora.

Gonzalo Fanjul es coordinador de investigaciones de Intermón Oxfam.