El presidente mexicano extiende a Tijuana la operación contra el crimen organizado

La guerra frontal que el nuevo Gobierno del presidente mexicano, Felipe Calderón, ha declarado al narcotráfico ha llegado a Tijuana (Baja California), la ciudad fronteriza de mayor tránsito del mundo, donde la violencia del crimen organizado confluye con la que genera la migración ilegal a Estados Unidos. Los primeros 300 miembros de un contingente de 3.300 militares y policías están ya en su destino para poner en marcha la Operación Tijuana, 22 días después del despliegue de otras 7.000 fuerzas federales en el Estado de Michoacán.

"No permitiremos que ningún Estado sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia común", dijo el secretario (ministro) de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, en la presentación del operativo, al tiempo que hizo un llamamiento a la población a mantener la confianza en que las autoridades realizarán las acciones necesarias "para retomar todas las regiones del territorio nacional para el servicio de los mexicanos".

Por tierra, mar y aire, el Gobierno de Calderón se dispone a combatir el narcotráfico y la delincuencia organizados, en un territorio estratégico en las rutas de distribución de droga hacia EE UU. Para ello, ha movilizado a soldados, marinos y policías, apoyados por aviones, helicópteros, embarcaciones y vehículos tácticos militares, en un esquema similar al que se aplica en Michoacán desde el 11 de diciembre. Buques nacionales y extranjeros que naveguen en aguas territoriales mexicanas serán inspeccionados, así como vehículos terrestres en el área de operaciones, según anunciaron los integrantes del Gabinete de Seguridad.

Los índices de criminalidad de Tijuana en 2006 dieron un promedio de una muerte violenta cada tres días, y 130 secuestros en todo el año. Según el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en los últimos 30 meses unas 500 familias huyeron de la ciudad por la violencia. La inseguridad motivó varias marchas de protesta.

El presidente del Consejo Ciudadano, Alberto Capella, recordó ayer en una entrevista al diario Milenio que venía reclamando desde hace meses la intervención de fuerzas federales en Tijuana. Capella pidió cautela a la hora de evaluar el operativo y aseguró que en tres semanas los tijuanenses comprobarán si va en serio. "Por fin el Gobierno federal nos está haciendo caso. Vamos a estar muy al pendiente de los resultados, para que esto no se convierta nada más en un anuncio espectacular", añadió.

Ramírez Acuña señaló que los efectivos federales trabajarán en colaboración con el Gobierno de Baja California, que encabeza Eugenio Elorduy, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el presidente Calderón. Sin embargo, no hizo mención alguna del alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), blanco de duras críticas por la violencia.

La Procuradoría (fiscalía) General de la República (PGR) emitió el 22 de septiembre un comunicado en el que atribuía el aumento de la criminalidad a la corrupción de la Policía Local y a "la complacencia o franco encubrimiento" del alcalde Hank Rhon. La fiscalía difundió los nombres de policías detenidos por sus vínculos con el crimen organizado y exigió al presidente municipal y a su secretario de Seguridad Pública "acciones contundentes y decididas, a efectos de erradicar la corrupción y protección al crimen organizado que desde la estructura policial municipal se viene realizando". Catorce policías municipales de Baja California fueron detenidos en 2006 por vínculos con el narcotráfico, acusados de delitos que incluyen homicidio con decapitación y secuestro.

Tijuana se ha convertido en una de las plazas más disputadas por los carteles de Juárez, Sinaloa y el Golfo, después de la detención por la Guardia Costera estadounidense de Javier Arellano Félix, alias El Tigrillo, el 14 de agosto frente a las costas de Baja California. Javier Arellano era considerado el jefe máximo del cartel de Tijuana.