Los familiares de Pinochet, absueltos de corrupción

La Corte de Apelaciones de Santiago dio ayer un duro golpe a la investigación de las cuentas secretas del fallecido Augusto Pinochet, al anular los cargos por complicidad en delitos tributarios que pesaban contra familiares y allegados del ex dictador.

En los tribunales la resolución fue considerada una gran victoria de la familia Pinochet, pues según admitieron abogados querellantes "no se puede apelar por ser un dictamen de segunda instancia". "No se puede apelar una apelación", precisó el abogado Alfonso Insunza, para quien lo que cabe ahora es insistir en los procesamientos una vez que el juez a cargo del caso, Carlos Cerda, retome sus funciones, de las que ha estado separado mientras se resuelven recursos que la defensa de Pinochet presentó en su contra.

La esposa, hijos y allegados del ex dictador habían sido procesados en enero de 2006 por el juez Cerda, que además ordenó entonces su detención, aunque en cuestión de horas obtuvieron la libertad provisional bajo fianza. Según la investigación, Pinochet acumuló en cuentas secretas que mantenía en el Riggs Bank de EE UU y otros bancos del exterior una fortuna calculada hasta ahora en más de 26 millones de dólares (20 millones de euros), cuyo origen se desconoce. Cuando murió, el pasado 10 de diciembre, Pinochet estaba procesado por fraude tributario y utilización de pasaportes falsos y desaforado por malversación de fondos públicos.

Este miércoles, por dos votos a uno, la V Sala del Tribunal de Alzada anuló los cargos por complicidad en el delito de declaración maliciosa de impuestos contra la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart, y el menor de los hijos varones del matrimonio, Marco Antonio. La decisión se hizo extensiva a quien fuera la secretaria privada del ex dictador, Mónica Ananías, por lo que el único encausado por complicidad en este ilícito es Óscar Aitken, ex albacea de Pinochet, que no había apelado su enjuiciamiento.

Marco Antonio Pinochet también seguirá procesado como autor de declaraciones tributarias maliciosamente incompletas, porque el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra él de forma separada. Marco Antonio, según el expediente, efectuó entre 1997 y 2005 inversiones que exceden los ingresos que declaró como contribuyente, con un perjuicio para el fisco de 241.831 dólares al cambio actual.