El Gobierno descarta prohibir en España la producción de bombas de racimo

El Gobierno "no considera conveniente" prohibir la fabricación de los dos modelos de bombas de racimo que se producen en España, según sendas respuestas parlamentarias a los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Joan Herrera, de Izquierda Unida-ICV, fechadas el pasado 28 de noviembre.

Las bombas de racimo son proyectiles que dispersan una gran cantidad de bombetas, que convierten el área afectada en un campo de minas. Por su tamaño y forma pueden confundirse con piedras y en este momento constituyen el mayor riesgo para los cascos azules y la población civil en el sur de Líbano, donde Israel arrojó más de 100.000 al final de la guerra.

Al menos 28 libaneses han muerto por la explosión de estos artefactos desde el alto el fuego del 14 de agosto. El pasado día 29 resultaron afectados, por vez primera, dos miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (Finul), de la que forman parte 1.100 soldados españoles. En concreto, dos cascos azules belgas sufrieron heridas por la explosión de bombas de racimo en la localidad de Majdel Selm, según fuentes de la ONU.

Este tipo de artefacto es el mayor riesgo para los 'cascos azules' españoles en Líbano

En sus respuestas parlamentarias, el Gobierno afirma que "en España se fabrican actualmente dos modelos de bombas dispensadoras de submuniciones", que "disponen de sistemas de seguridad que inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto período de tiempo".

El Gobierno estima que "las municiones de ese tipo fabricadas por España y de dotación en sus Fuerzas Armadas cumplen con los requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización" y que "las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas", por lo que "no se considera conveniente la prohibición de su fabricación".

Según un informe de Greenpeace, las Fuerzas Armadas española disponen de tres bombas de este tipo: la CBU-100B (Rockeye), la antipista BME- 330 y la granada de mortero MAT-120. La primera es importada de EE UU y las dos últimas, de fabricación española. Las empresas fabricantes, según el mismo informe, serían Explosivos Alaveses, Instalaza, SA, Santa Bárbara e Internacional Tecnology, SA.

"España es uno de los países que poseen y fabrican bombas de racimo. Varias empresas españolas las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a quiénes las vende", sostiene Greenpeace.

En julio pasado, el Ejército de Tierra adquirió 500 granadas MAT-120 de Instalaza, cada una con 21 submuniciones, por 1,4 millones de euros. Además, Defensa admitió en junio de 2005 que las Fuerzas Armadas poseen "un arsenal limitado de bombas que contienen, respectivamente, submuniciones contra carro y antipista".

Durante la conferencia de revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra (Suiza) del 6 al 17 de noviembre, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió que se tomaran medidas para atajar los efectos de las bombas de racimo sobre la población civil. "Hechos recientes muestran la atrocidad y los efectos inhumanos de estas armas", dijo Annan, en alusión a Líbano.

Por su parte, el coordinador de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas, Jan Egeland, pidió que se congele el uso de las bombas de racimo. "Mientras no exista una prohibición efectiva, esas armas seguirán afectando de manera desproporcionada a los civiles, mutilando a mujeres, niños y otros grupos vulnerables", advirtió.

En las respuestas parlamentarias ya citadas, el Gobierno se muestra favorable a establecer "un grupo de trabajo para tratar en profundidad el impacto humanitario de las municiones de racimo", así como a negociar un tratado "que regule los aspectos humanitarios suscitados por su utilización".