Industria consultó con los fabricantes y no con las ONG la ley sobre venta de armas

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sometió a informe de la Asociación de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa (Afarmade), que agrupa a las principales industrias militares españolas, el anteproyecto de Ley sobre el Control del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso, aprobado el pasado 29 de diciembre por el Consejo de Ministros. En cambio, no quiso entregar el texto a las organizaciones no gubernamentales (ONG) -Intermón Oxfam, Amnistía Internacional y Greenpeace- que desde hace una década exigen transparencia en el comercio de armas.

La Asociación de Fabricantes de Armamento tuvo acceso al anteproyecto de ley y elaboró un informe globalmente favorable al mismo, aunque propuso al Gobierno algunas sugerencias y recomendaciones. Entre otras, pidió al Ejecutivo que subrayara en el preámbulo de la ley la legalidad del comercio internacional de material de defensa, en contraposición al tráfico ilícito de armas, y que se reconociera la "confidencialidad necesaria" de este tipo de operaciones, dado su "carácter sensible", frente a quienes exigen mayor transparencia.

Estos últimos son las ONG que, desde hace una década, impulsan la campaña por la transparencia en el comercio de armas, con lemas tan explícitos como: Hay secretos que matan.

En junio pasado, el subdirector general de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, Ramón Muro, recibió a representantes de Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam. La reunión se fraguó en unas jornadas celebradas dos meses antes en el Congreso, a las que asistieron expertos extranjeros, miembros de ONG y altos cargos de la Administración.

Ricardo Magán, que acudió a la cita en nombre de Intermón Oxfam, recuerda que plantearon al subdirector general varios preceptos que, a su juicio, debía incluir la ley que el Gobierno se había comprometido a elaborar por mandato parlamentario, y que éste les anticipó en qué puntos sería posible lograr avances y cuáles ofrecían más resistencia.

Tramitación parlamentaria

"Tanto en aquella reunión como en otras ocasiones pedimos repetidamente que nos entregaran el anteproyecto para poder estudiarlo, pero nunca se nos dio. Creo que fue un error. Hubiera sido interesante que pudiéramos aportar nuestros puntos de vista, aunque luego el Gobierno hiciera lo que creyera oportuno. No es lo mismo hablar en el vacío que discutir a partir de un texto", se lamenta Magán.

Las ONG esperan que, ya que no pudieron aportar sus opiniones al Gobierno, como lo hicieron los fabricantes de armas, puedan trasladarlas a los grupos parlamentarios, para que las tengan en cuenta al tramitar la ley.

No obstante, aunque no les entregó ningún texto, el Gobierno incorporó a última hora alguna propuesta de las ONG. En concreto, la ampliación del control a todo tipo de armas de fuego, incluidas las de caza y de tipo deportivo, sus componentes y municiones (algo que también exigía la resolución 55/255 de la Asamblea General de la ONU) o la obligación de informar sobre "el uso final del producto exportado y la naturaleza del usuario". Está por ver aún qué significa exactamente este enunciado y con qué grado de detalle informará el Gobierno al Congreso.