El resto de autonomías rechaza bomberos privados

La externalización de los parques comarcales desarrollada en Galicia durante los últimos años es un caso insólito en los servicios de emergencias españoles. Ninguna otra comunidad, diputación o consorcio ha puesto el servicio de bomberos en manos de empresas privadas. Para encontrar una experiencia similar hay que remontarse a los inicios del Consorcio de Toledo, que en el año 2002 decidió adjudicar la gestión de los parques provinciales a la empresa Lainsa. El experimento duró apenas año y medio hasta que la Diputación provincial rescató el servicio público.

Actualmente Cantabria mantiene un operativo de extinción mixto cuya contratación corresponde a una sociedad semipública, Servicio de Emergencias de Cantabria (Semca) con 67 agentes y siete parques de emergencias.

En gran parte de las autonomías, la privatización de los bomberos está prohibida por ley. En Andalucía, Navarra, Aragón y Madrid las normativas establecen que los cuerpos de prevención y extinción de incendios deben estar formados por funcionarios. En las leyes catalana y vasca los bomberos tienen además la consideración de agentes de la autoridad, lo que les confiere potestad para evacuar edificios, cortar el tráfico o desalojar calles en caso de catástrofe.

Ni una ni otra calificación aparecen en el anteproyecto de Ley de Emergencias que el jueves aprobó el gobierno gallego. Tal y como está redactado, el texto no estipula la regulación del servicio de extinción y salvamento en la comunidad. De aprobarse en estos términos, la norma avalaría la continuidad de los 15 parques privados que ya operan en Galicia y de los otros seis que la Xunta y los distintos consorcios pretenden inaugurar el año próximo. Sería la consagración legal de un modelo que no tiene parangón en el resto de España.

Distintos modelos

En Cataluña por ejemplo la Generalitat cuenta con 2.346 bomberos funcionarios repartidos en 180 parques. Allí, desde hace años, funciona la figura del bombero voluntario, personal que debe estar localizable para actuar en caso de catástrofe y que cobra según las horas realizadas. Algo parecido sucede en el País Vasco, donde los 900 agentes son contratados por las diputaciones . Junto a los bomberos profesionales operan voluntarios cuya formación asume el Gobierno Vasco. En la Comunidad de Madrid, la que más ha profesionalizado el servicio de emergencias, los 1.400 bomberos dependen directamente de la Administración Autonómica que gestiona 19 instalaciones. Los 400 agentes asturianos contratados por el Gobierno regional tienen la categoría de personal laboral.