El Gobierno catalán advierte que no admitirá demoras en los compromisos de financiación

El nuevo Gobierno catalán escenificó ayer el primer desencuentro con el del PSOE a propósito de la financiación autonómica. El consejero de Economía, Antoni Castells, rechazó de plano que la puesta en marcha del nuevo modelo de financiación se posponga "de forma injustificada" hasta 2009, como ha advertido ya el Ministerio de Economía y Hacienda. Para el Ejecutivo autónomo, la negociación sobre la solidaridad interterritorial "debe ser con todas las comunidades, pero siempre que esto no suponga retrasos injustificables o sirva de pretexto para incumplir lo que dice el Estatuto".

La financiación autonómica vuelve a activar el soniquete de la confrontación entre el Gobierno central y el catalán. El Ministerio de Hacienda presentó el miércoles un documento que pretende ser el punto de partida de las negociaciones con todas la comunidades para la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación autonómica. Las diferencias con el modelo que pretende el Gobierno catalán -recogidas en el título de financiación del Estatuto- son de calado.

Pero para empezar, hay un problema de calendario: el equipo de Pedro Solbes, encargado de negociar con todas las comunidades, da por hecho que el nuevo sistema se retrasará hasta después de las elecciones generales de 2008. Y los partidos catalanes -los tres presentes en el Ejecutivo más el primero de la oposición, CiU- rechazan de plano nuevos retrasos en un sistema que se puso en marcha en 2002 pero que reparte la financiación en función de los datos de población de 1999, lo que ha provocado una insuficiencia de recursos en las comunidades más afectadas por la inmigración.

Castells fue ayer rotundo al alegar que la complejidad de la reforma del sistema de financiación "no puede ir en detrimento de lo que dice el Estatuto, o aplazar el nuevo modelo de forma injustificada". A esta posición se sumó el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, que animó al Gobierno de José Montilla a "doblegar ahora al vicepresidente Pedro Solbes como CiU lo hizo en la negociación del Estatuto catalán".

El Estatuto obliga a crear la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que entre otras funciones ha de tomar posición sobre la distribución de los fondos de solidaridad, en un plazo de seis meses que culmina en febrero. Y a crear una agencia tributaria catalana en régimen de consorcio con la española en agosto de 2008. "Es cierto que la revisión de la solidaridad tiene más complejidad porque debe pactarse con todas las comunidades, pero eso no puede ser un pretexto para retrasar el nuevo modelo", dijo Castells.

CiU interpreta el aplazamiento de todo el proceso propuesto el miércoles por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, como la continuación del regateo protagonizado por Solbes durante la negociación del Estatuto catalán. Uno de los negociadores de CiU en aquel momento, el diputado Francesc Homs, sostuvo ayer que "al final de todo, lo que hay en juego para la Generalitat es aumentar sus ingresos en una cifra en torno a los 5.000 millones de euros anuales, que han de contabilizar ya en 2007". El retraso, por lo tanto, no es inocuo, advirtió.

Hay también diferencias de enfoque: Hacienda pretende que el nuevo modelo se reforme teniendo como variable clave la evolución de la población. Castells recordó ayer que en el Estatuto se añaden otras variables: los costes diferenciales y las comunidades con más inmigración, entre otros aspectos. Y otras autonomías quieren introducir criterios como la dispersión o la insularidad. "El acuerdo no será fácil, pero se trata sólo de las posiciones de partida. También Solbes aseguró que no habría más dinero para la sanidad y después se alcanzó un acuerdo con el Gobierno", explicaron fuentes de Presidencia de la Generalitat.