La Generalitat insta al Gobierno a suspender la norma que aumenta el castellano en la escuela

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe rectificar el decreto que incrementa en una hora a la semana las clases de castellano en la escuela porque choca con las competencias de la Generalitat. Así lo estima el Gobierno catalán, que, avalado por un informe jurídico, aprobó ayer presentar un requerimiento de incompetencia ante el Ejecutivo central para que retire la norma o deje sin efecto algunos artículos. Sin entrar en consideraciones sobre si se requiere más castellano en la escuela, la Generalitat afirma que se vulneran sus competencias para definir los ciclos escolares. El ministerio defendió su norma, aunque se mostró abierto al diálogo.

Durante estos días, y ayer de forma particular, el consejero de Educación, Ernest Maragall, estuvo en contacto con el Ministerio de Educación. Durante dos semanas, Maragall había recibido mensajes de que el Gobierno central no variaría su postura, como así ha sido.

El aumento de una hora semanal de castellano en la escuela deberá aplicarse a partir del próximo curso. El Ministerio de Educación ha destacado que en adelante no se podrá restar del castellano la clase semanal de estructuras lingüísticas, como hacen ahora numerosas escuelas catalanas, que la imparten en catalán y la reducen del castellano. En total, se fijan tres horas por semana de castellano en lugar de las dos actuales.

Un mes para responder

Aprobado el requerimiento de incompetencia por la Generalitat, se abre un plazo legal de un mes para que el ministerio responda con sus argumentos.

El Ministerio de Educación insistió ayer en que su decreto no invade competencias, aunque dijo que está dispuesto a negociar. "Aunque no podemos pronunciarnos sobre el requerimiento hasta que lo recibamos y estudiemos a fondo, conviene destacar que el decreto ha seguido todos los trámites preceptivos y cuenta con el aval del Consejo de Estado, que no encontró objeciones legales al texto", señaló ayer el ministerio. "Consideramos, por tanto, que lo establecido está dentro de nuestro ámbito de competencias. No obstante, siempre estamos abiertos a solucionar las discrepancias de manera dialogada", recalcó el ministerio.

La Generalitat, en cambio, sostiene que se invaden sus competencias en varios ámbitos y que es necesaria una ley y no un decreto para regular sobre normativa básica. Con el respaldo del informe del gabinete jurídico, la Generalitat pide que se retire el artículo 6 del decreto, que enumera las competencias básicas y alude a la organización y al funcionamiento de los centros escolares de primaria. También el artículo 7, sobre los objetivos de las diferentes áreas y los contenidos y criterios de evaluación. La normativa actual establece que el Estado determina el 55% del currículo de los estudiantes de Primaria y que la Generalitat, al tener Cataluña dos lenguas oficiales, puede determinar el 45% restante.

También opina la Generalitat que se invaden sus competencias cuando el artículo 11.2 habla del trabajo de los profesores tutores. Aquí considera que las labores organizativas son de su competencia. Lo mismo afirma el Ejecutivo catalán respecto a la disposición adicional primera, que da al decreto carácter de competencia básica. La Generalitat recuerda al Gobierno central que el recién aprobado Estatuto catalán, en su artículo 131.3 b, otorga competencias a Cataluña sobre los aspectos organizativos de la educación. El problema que se suscita en este apartado es que la Ley Orgánica de Educación, en la que se sustenta el decreto que aumenta el tiempo del castellano en la escuela, se aprobó poco antes de que el Estatuto viera la luz.

El Gobierno catalán considera en su requerimiento de incompetencia que "el decreto limita de forma ilegítima la capacidad de la Generalitat para ejercer su competencia de definir el currículo educativo respecto de cada área, en cada uno de los cursos de cada ciclo". A juicio de la Generalitat, el ministerio debería regular el tiempo para el castellano por ciclos y no por cursos. "Debería haber admitido que la reducción de un máximo de 35 horas por área" para el castellano "se ha de entender referida al horario de cada área dentro de cada curso y no en cada ciclo".

Posible recurso

El consejero de Obras Públicas, Joaquim Nadal, dijo tras el Consell de Govern que "si no hubiera acuerdo [entre el Estado y la Generalitat], es evidente que el paso siguiente es el recurso".Nadal, que ayer actuaba como portavoz tras el Consell de Govern, señaló que el requerimiento de la Generalitat considera "indispensable" una mesa de negociación entre Estado y Generalitat "para acreditar que todos hacen la misma lectura" del artículo 111 del Estatuto (sobre competencias compartidas).

Nadal consideró que "en lo que afecta a Cataluña, en las bases y los principios, esta norma debería haber sido regulada por ley".