CiU dice que se ha actuado "tarde", mientras que el PP y Ciutadans afirman que no era necesario oponerse
Los tres partidos de la oposición, CiU, por un lado, y el PP y Ciutadans, por otro, reaccionaron de forma distinta ante el requerimeinto de la Generalitat al Gobierno cental para que suspenda o cambie el decreto. CiU, respaldando al Gobierno catalán, aunque recalcando que ha actuado tarde. El PP y Ciutadans, señalando que no cabía ponerse a la norma.
CiU afirmó que el Gobierno de José Montilla ha actuado "obligado" por la "presión". La diputada de CiU Irene Rigau lamentó que el Ejecutivo "haya tardado 20 días en reaccionar" a pesar de que, a su juicio, estaba claro que el decreto invade competencias y "rompe con el modelo lingüístico" en Cataluña.
La diputada del PP Carina Mejías afirmó que el requerimiento de incompetencia llega tras "la presión de ERC y CiU" al consejero de Educación, Ernest Maragall. Mejias reclamó "que no se utilice la lengua como arma política" y agregó: "No basta con dos horas de castellano", que recordó que "es una lengua oficial" en Cataluña porque todo alumno debe acabar Primaria siendo "totalmente bilingüe".
El diputado y presidente de Ciutadans, Albert Rivera, lamentó que el PSC "haya vuelto a rendirse a las exigencias de ERC". El diputado reafirmó su apoyo al despliegue del decreto ya que es "conveniente acabar con la actual inmersión lingüística sólo en catalán" para llegar a un "equilibrio en el uso vehicular de las escuelas de las dos lenguas de Cataluña".
El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, ve positivo el requerimiento de la Generalitat. El decreto "es tan detallado que no deja margen a la Generalitat para desarrollarlo", señaló, y además "no se ajusta al Estatuto", agregó. Según Ridao, hay un aspecto que "lo invalida totalmente" y es que "el desarrollo de la LOE se hace a través de un decreto y no de una ley".
La portavoz de ICV, Dolors Camats, se felicitó por la "reacción inmediata" y el "rigor" del Gobierno catalán ante el decreto estatal. En cuanto a las críticas de CiU, Camats aseguró que el Gobierno tripartito "lo ha querido hacer bien para tener una base jurídica" a la hora de presentar el requerimiento de incompetencia al Gobierno central.
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