Restituciones debidas

El llamado equipo económico formado por Pedro Solbes y Joan Clos carece de fuerza política para imponer una subida apreciable de tarifas eléctricas que corrija sustancialmente el déficit tarifario. Así se desprende de la propuesta de subida de tarifas que presentó y la rectificación que recibió de la vicepresidenta Fernández de la Vega. Después de mucho abrir y cerrar las puertas, la pésima comedia gubernamental ha terminado en una subida de la luz "próxima al IPC". El mecanismo infernal fabricado por la Ley Eléctrica del PP, esa mezcla ridícula de tarifas decididas por decreto más un esperpéntico mercado mayorista manipulado por las empresas generadoras conchabadas con sus filiales, seguirá fabricando un déficit de tarifa en la cantidad que tengan a bien decidir Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa para que lo paguen los consumidores actuales y los futuros.

Las eléctricas tenían que devolver a la tarifa 1.350 millones de euros, según el Real Decreto 3/96; pero terció Industria y devolverán menos de 1.000

Además de la evidente incapacidad política, el ministerio de Clos, ese honrado gestor que se dirige a la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía con un "¿Qué tal, Pilar Cuesta?", padece de ciertas dificultades para defender a los clientes de las eléctricas. Vayamos a un ejemplo concreto y reciente. Entendió el equipo ministerial anterior, encabezado por el tampoco demasiado brillante Montilla, que las empresas eléctricas tenían que devolver el valor de los derechos de emisión de CO2 que el Gobierno había concedido gratuitamente. Razones había para ello, puesto que las compañías, diestras desde siempre en el chalaneo contable y mercantil, vendían en el mercado lo gratuitamente recibido y obtenían así ingresos espurios; y, además, contabilizaban los costes del CO2 como parte del cálculo de la tarifa. Para acabar con el desacuerdo, el Decreto Ley 3/2006 establecía la obligación de restituir el valor del CO2 (75 millones de toneladas equivalentes a 1.350 millones de euros). Temerosos quizá de la reacción de las empresas más afectadas por tan importante restitución -Endesa la que más-, los nuevos responsables del ministerio propusieron una devolución menor, la correspondiente a la producción eléctrica que se vende en el mercado mayorista. Esta interpretación del Decreto implicaba que la tarifa, es decir, los consumidores, se beneficiaban de 750 millones de euros, en lugar de los 1.350 debidos. La CNE ha rechazado la propuesta del ministerio, pero la ha sustituido por otra que sólo obliga a la devolución de algo menos de 1.000 millones.

No es necesario insistir en que la restitución total del CO2 hubiera contribuido a reducir la presión de los costes sobre la tarifa que pagan los consumidores. Si en este caso el ministerio hubiese actuado con decisión, simplemente con una interpretación literal del Decreto habría contribuido a recortar el déficit que genera ese rastrillo eléctrico en el que con tanta transparencia se manipulan los precios. Tiene el ministerio, por suerte, otra oportunidad para demostrar que, si bien los costes de producción de la electricidad han subido, lo han hecho en la desaforada cuantía que retrata el malhadado déficit de tarifa, que, gracias sean dadas de nuevo al PP, es obligado pagar porque así lo establece la ley eléctrica. Podría y debería el ministerio calcular el balance final de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), misteriosamente interrumpidos sin que una liquidación final informe a los consumidores de cuánto han pagado... en relación con lo que estaban obligados a pagar.

Porque quizá ese balance, si se realizara con garantías y sin la omnipresente y lacrimosa presión del lobby eléctrico, informaría de que, en realidad, las empresas deberían devolver dinero a la tarifa, es decir, a sus clientes, en forma de subidas de precios menos abultadas de lo que aparece en el famoso déficit. No son pocos los que sostienen que se subvencionaron -con cargo a los usuarios, por supuesto- plantas y activos de producción como si fueran incapaces de producir kilovatios competitivos cuando, sorpresa, sorpresa, hoy están generando beneficios después de haber sido amortizados doblemente a costa de las prebendas legales concedidas por Rodrigo Rato y Josep Piqué.

Moraleja: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa carecen de habilidades de gestión y parecen entender la competencia -sobre todo Iberdrola- como la instauración de precios libres sobre segmentos cautivos de mercado. No es descartable que impongan tan dislocado modelo; porque si bien es cierto que no saben comprar, vender ni competir, sí han perfeccionado el arte de la presión sobre el regulador. Y el actual no es precisamente un modelo de firmeza.