La Sala Militar aduce "falta de credibilidad" de los testigos del 'caso Delgado y Granados'

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que ha denegado, por tres votos a dos, la autorización para revisar la condena a muerte de los anarquistas Joaquín Delgado y Francisco Granados argumenta en su resolución que las declaraciones de otros dos anarquistas que, 30 años después, confesaron ser autores de los hechos "no nos ofrecen credibilidad" ni han aportado "prueba real alguna" de su participación en los hechos. Los dos magistrados disidentes afirman que la Sala encuentra contradicciones "donde no las hay", y que negar credibilidad a los testigos supone "apartarse de la búsqueda de la verdad".

El auto que deniega por segunda vez la autorización para la revisión -el Tribunal Constitucional revocó el primero-, analiza las declaraciones de los anarquistas Antonio Martín Bellido y Sergio Hernández, que confesaron ser autores de las dos bombas colocadas el 29 de julio de 1963 en la Dirección General de Seguridad y en la Delegación de Sindicatos, así como las del responsable de ordenar los atentados, Octavio Alberola, y concluye que "no cabe apreciar en ellas el carácter indubitado que pudiera llegar a evidenciar el error de la sentencia" del consejo de guerra que condenó a muerte a Delgado y Granados.

Según el presidente de la Sala, Ángel Calderón, y los magistrados Agustín Corrales y Javier Juliani, éste último ponente del auto, "ni sus relatos, considerados individualmente o en su conjunto, pueden reputarse verosímiles" ni tampoco se ha aportado "prueba real alguna que pudiera acreditar mínimamente la participación material de los señores Martín Bellido y Hernández en los hechos".

Frente al primer argumento, los magistrados discrepantes Ángel Juanes Peces y José Luis Calvo Cabello, afirman en un voto particular que "no encuentran razones para rechazar que Bellido y Hernández hayan pretendido con sus declaraciones reparar una injusticia".

Estos dos magistrados rechazan la valoración de la mayoría de que una confesión hecha más de 30 años después de los hechos "evidentemente arroja una sombra de duda sobre la fiabilidad de sus testimonios". Para los magistrados disidentes, si ese dato mermaba la credibilidad de los dos testigos, los de la mayoría "debieron exponer las razones de ello" en vez de limitarse a hacer ese aserto. Y si creyeron que los testigos habían incurrido en contradicciones, debieron "citarlos nuevamente para que dieran las explicaciones oportunas", pero "negar credibilidad a los testigos porque existan ciertas contradicciones, que no se refieren al núcleo de los relatos y podrían ser consecuencia del tiempo transcurrido supone, a nuestro juicio, apartase de la búsqueda de la verdad".

No fue un juicio justo

Los magistrados disidentes agregan que los condenados a la pena de muerte "no tuvieron un juicio justo" porque fueron juzgados por un órgano "dependiente y parcial" y porque el proceso fue "la negación de toda garantía".

"En ningún lugar de la sentencia el consejo de guerra expone las pruebas en que se basó para declarar que Delgado y Granados fueron los autores del delito". Los acusados negaron haber sido los autores y Granados incluso declaró que si la pena de muerte que pedía el fiscal era por la maleta y su contenido para atentar contra Franco, estaba de acuerdo, pero si era por el acto terrorista de la Dirección General de Seguridad, no era cierto que él colocase el artefacto y si lo declaró fue por las torturas que durante seis días le hizo la policía. Juanes y Calvo concluyen que "la prueba encontrada por la mayoría de la Sala no merece tal calificación".

Los disidentes también responden puntualmente a las contradicciones apreciadas por sus compañeros: no es inequívoco que Bellido dijera que habían descartado la calle Carretas para preparar el atentado, porque más bien parece que la descartaron "para huir".

Aseguran que el testimonio de Octavio Alberola, el dirigente anarquista organizador de los atentados de Defensa Interior, "fue sincero y creíble en todo momento" y que Granados y Delgado tenían instrucciones de atentar contra el general Franco, razón por la que no podían implicarse en ninguna otra acción.

En cuanto a que el testigo Sergio Hernández no ofrezca muchos datos de cómo colocó el artefacto dentro de la Dirección General de Seguridad, los dos jueces ironizan: "No es difícil pensar que actuó con rapidez, sin mucho tiempo para retener cómo era la oficina de pasaportes, a fin de que no se fijaran en él".