El PP legaliza el método de las 'facturas en el cajón'

El PP rechazó ayer en las Cortes el pacto que ofreció el PSPV para solucionar el problema de las obligaciones de pago no reconocidas -las llamadas facturas en el cajón- que el Consell quiere legalizar mediante una modificación de la Ley de Hacienda, a través de la Ley de Acompañamiento, para poder imputarlas a ejercicios futuros. Los socialistas anunciaron que recurrirán la medida al Tribunal Constitucional.

El pleno de las Cortes aprobó ayer la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 con los solos votos del PP, que no aceptó ninguna de las 97 enmiendas defendidas por los grupos de la oposición, que denunciaron la utilización de esta iniciativa legislativa, una vez más, como "cajón de sastre" para "colar" la modificación de leyes. Y es que, como en años anteriores, además de las medidas referidas a la actualización de aspectos tributarios y de tasas propios de una Ley de Acompañamiento, el Consell ha aprovechado para modificar hasta 19 leyes, "hurtando" a la Cámara un debate específico y sosegado de normas importantes.

Es el caso del cambio que se introduce en la Ley de Hacienda, de manera que cuando en el ejercicio no exista "crédito presupuestario adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones pendientes" y no se estime conveniente incoar un expediente de concesión de crédito extraordinario o de suplemento de crédito como prevé la Ley de Hacienda, se podrá recurrir a un "programa de imputación presupuestaria con cargo a anualidades futuras".

Esta posibilidad no tiene otro objetivo que el de legalizar las facturas en el cajón -que corresponden a gastos que se autorizan a pesar de que no tienen consignación presupuestaria y afectan fundamentalmente a la Consejería de Sanidad, donde suman más de 1.200 millones de euros- y que el Gobierno literalmente esconde -de manera que escapan al control, porque no se reflejan en los estados contables a final del ejercicio-, en lugar de utilizar el sistema del crédito extraordinario, que sí tiene que ser hecho público. Además, elude el trámite de la fiscalización previa de la Intervención General de la Generalitat, que condiciona la autorización de un expediente de gasto a la existencia de crédito suficiente.

La oposición denunció la "barbaridad" que supone esa modificación, por la que, con el argumento de solucionar el problema de las facturas en el cajón, se autoriza a los gestores de lo público a gastar "sin necesidad de tener crédito presupuestario, sin autorización previa y sin informe de la Intervención". La socialista Cristina Moreno calificó la medida de "bomba de relojería" y el portavoz adjunto de EU-L'Entesa, Joan Antoni Oltra, afirmó que abre la puerta al "descontrol absoluto" e "hipoteca el futuro de los valencianos".

Moreno, anunció que su grupo recurrirá ante el Tribunal Constitucional esa modificación -la "más grave" que se ha hecho de la Ley de Hacienda, que no sólo busca solucionar el problema de las facturas en el cajón, sino que pretende hacer extensiva la práctica a "cualquier gasto que se origine en el futuro" en cualquier departamento-, porque "atenta contra los principios constitucionales, contra los principios de estabilidad y contra los principios básicos". La socialista hizo un llamamiento a la "responsabilidad" de los populares y les instó a "renunciar" a esta modificación para entre todos "buscar una solución al problema".

Oltra, por su parte, consideró "muy peligrosa" esta modificación legal, acusó a los populares de pretender "eliminar las restricciones presupuestarias", para que paguen "los que vienen detrás" y aseguró que a partir de ahora no se sabrá cuál es la vigencia del presupuesto.

El portavoz del PP, Ricardo Costa, aseguró que con esta iniciativa el Consell trata de "subsanar el fiasco de negociación sanitaria", que a su juicio hicieron los socialistas en 1988 y que el "Gobierno de Zapatero continúa", además de "permitir que los proveedores estén al corriente del gasto".

Por lo demás, la oposición también denunció que en materia de deducciones fiscales el Consell se "dedica a la publicidad y al autobombo" y el PP les acusó de pretender "suprimir y descafeinar" las deducciones.