Memoria

El proyecto de ley de memoria histórica (ahora con otra denominación) ha iniciado su tramitación parlamentaria con la oposición de las formaciones bajo cuyo impulso se planteó. E incluso una de ellas, IU, tomó ayer como pretexto lo que considera insuficiencias del proyecto para anunciar que deja de considerarse aliado preferente del Gobierno, y que convocará movilizaciones si la ley se mantiene en los términos actuales. Esta paradoja es un reflejo de uno de los puntos débiles de la estrategia de Zapatero.

La iniciativa que dio en llamarse "de la memoria histórica" (la expresión la introdujo ERC) no figuraba en el programa socialista, pero fue asumida por el Gobierno poco después de llegar al poder como forma de afianzar los lazos con IU y ERC. Una vez en marcha, los socialistas consideraron que un asunto con tanta carga emocional sólo tenía sentido si se planteaba desde el consenso, lo que implicaba buscar un acuerdo con el PP; pero esa actitud ha sido vista como una claudicación por sus aliados de izquierda. El resultado ha sido que el Gobierno se ha encontrado entre las manos, y casi como único defensor, con una iniciativa que por sí mismo no habría tomado.

Desde que fue anunciado por el Gobierno y antes de que se iniciaran los trámites para su aprobación parlamentaria, el borrador de la ley ha sufrido cuantiosas y profundas modificaciones. De la inicial autosuficiencia con la que se señalaba que el partido socialista de Zapatero se había atrevido con decisiones que evitó el de Felipe González, gracias a las nuevas condiciones creadas, entre otras razones, por un cambio generacional, se ha pasado a proponer como punto de equilibrio una ley a la que el propio legislador pretende privar de efectos legales. Para reparar moralmente a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, un fin legítimo, el Gobierno podía haber recurrido a instrumentos de otra naturaleza, no a un texto legal. Si lo ha hecho así es porque ha pretendido conciliar su compromiso inicial de recuperar por ley la memoria histórica, como querían sus aliados, con las soluciones a las numerosas dificultades que han ido surgiendo en el camino. El resultado ha sido una norma que incorpora un listado de materias de muy diversa entidad (desde el pago de indemnizaciones y la eliminación de símbolos franquistas a la exhumación de restos), todas ellas respetables, pero cuya propia heterogeneidad dificulta el hallazgo de una fórmula compartida.

Una primera dificultad, y no es menor, consiste en fijar la frontera temporal. Y aun trazando un límite sustancial en el golpe de Estado franquista de julio de 1936, el reconocimiento de las víctimas del lado republicano durante la guerra no debe excluir el de los fusilados y desaparecidos del otro bando, sin que pueda alegarse que unos ya tuvieron reconocimiento durante 40 años y los otros no. Esto es cierto, pero de lo que se trata ahora es de un reconocimiento por la España democrática de todas las víctimas; de sustituir la guerra de esquelas por el compromiso de la piedad compartida.

El punto más polémico viene siendo el de la anulación de las sentencias de los consejos de guerra y juicios sumarísimos del franquismo. Una anulación en bloque, como proponen IU y ERC, plantearía problemas jurídicos insalvables, según el Gobierno, y una revisión caso por caso podría colapsar los tribunales. No es lo mismo una condena por "auxilio a la rebelión", según la fórmula franquista, que claramente revela un castigo por razones ideológicas, que otras en las que se juzgaban delitos de otro tipo. El proyecto trata de esquivar esas dificultades mediante un reconocimiento genérico de la injusticia de las condenas y de cualquier forma de violencia personal causada por razones ideológicas, durante la guerra y en la dictadura. Pero esta fórmula es frontalmente rechazada por IU y ERC, que exigen certificados de nulidad de las sentencias.

Por iniciativa de los ayuntamientos, muchos de los símbolos del franquismo han ido desapareciendo de las calles desde la transición. Es la prueba de que hay instrumentos para que las Administraciones tomen iniciativas sin necesidad de leyes específicas. Si algunas instituciones no lo han hecho es porque no ha existido la voluntad política. Mejor dicho, porque ha existido la de no hacerlo, con el argumento de que esos símbolos forman parte de nuestra historia. Puesto que el PP ha sido abanderado de esta postura, es a él a quien cabe dirigirle el reproche de que no haya demostrado el sentido de Estado suficiente para comprender que, de haber retirado esos símbolos en las instancias en las que ha gobernado, hubiera hecho una contribución decisiva a la definición del espacio constitucional, trazando una frontera infranqueable, y no una divisoria difusa, entre la dictadura de Franco y el actual régimen de libertades. Ése sería el espacio idóneo para que la democracia rindiera tributo a todas las víctimas.

En el punto en que estamos, lo importante, con ley o sin ella, es que, de ahora en adelante, las fuerzas parlamentarias no escatimen esfuerzos para que los fantasmas de nuestra historia regresen de una vez por todas a su siniestro panteón.