Un perito elegido por sorteo evaluará el estado del 'Prestige' cuando naufragó

Una de las pruebas claves para dictaminar quién fue el culpable de la marea negra del Prestige estará en manos de la suerte y de Repsol. La juez del caso elegirá por sorteo al ingeniero naval que evaluará el estado en el que estaba el buque cuando naufragó. Por contra, el peritaje que establecerá si el Gobierno del PP acertó al llevar mar adentro el barco mientras vertía fuel ha sido encargado directamente a un técnico de Repsol.

La prueba pericial será el último paso de la abultada instrucción judicial de la catástrofe del Prestige. Se trata de un examen técnico que dilucidará dos cuestiones clave para determinar quién fue el responsable de que en noviembre de 2002 el petrolero griego contaminara la costa europea desde Galicia hasta el sur de Francia. Para establecer si el barco estaba en buenas condiciones para navegar y transportar fuel, la titular del juzgado de Corcubión, Carmen Veiras Suárez elegirá a un ingeniero naval por sorteo.

El dictamen sobre la decisión del Gobierno español de remolcar el buque mar adentro, sin embargo, no dependerá del azar, sino de un técnico de Repsol. La juez ha encomendado el estudio al capitán marítimo Fernando Rodríguez Saulnier, jefe de la terminal de Repsol Petróleo en el puerto de Cartagena. Los resultados de este examen serán fundamentales para determinar si el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López-Sors, se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio que se celebrará en un futuro. Actualmente López-Sors es el único miembro del Ejecutivo que gestionó la catástrofe que está imputado, junto con el capitán del buque y otros dos integrantes de la tripulación.

La encargada de instruir el caso ha hecho pública su decisión sobre la prueba pericial en un auto que no ha gustado ni a la fiscalía ni a la Abogacía del Estado, que han anunciado ya sendos recursos. El cambio de opinión de la juez, que en principio había encomendado también a Repsol la elección del ingeniero naval que evaluará el estado del Prestige, se produce tras la última reclamación presentada por los abogados del capitán del petrolero, Apostolos Mangouras, y de la Plataforma Nunca Máis.

El auto de la juez Veiras aclara varios aspectos sobre cómo y cuándo se desarrollará el peritaje con el que probablemente se cerrará la instrucción del caso Prestige. Así, según explica la titular del juzgado de Corcubión, la delegación gallega del Colegio Oficial de Ingenieros Navales tiene un plazo de diez días para enviarle una lista de expertos en estructura naval. Entre estos nombres, el juzgado realizará un sorteo para elegir al perito que, a principios del año que viene, deberá haber aceptado oficialmente el encargo.

Desde ese momento, los peritos tendrán un plazo de cuatro meses para entregar el informe a la instructora del caso, por lo que la prueba debería estar lista antes del verano. En el peritaje participarán como supervisores dos técnicos aportados por la defensa de Mangouras -uno de los cuatro imputados- y por el abogado de la Plataforma Nunca Máis. Por parte del capitán del Prestige intervendrá Ricard Marí Sagarra y por la de Nunca Máis lo hará Felipe Louzán, profesor de la Escuela de Náutica de A Coruña.

Meses de contratiempos

La práctica de esta prueba pericial fue solicitada por el ministerio fiscal el 22 de julio de 2005, pero desde entonces diversos contratiempos han impedido que se efectuara. La juez y el fiscal determinaron que fuesen técnicos propuestos por Repsol -capitanes marítimos e ingenieros navales- quienes realizasen el examen del estado del buque y de la ruta que le marcó el Gobierno central para alejarlo de la costa. Los abogados de Mangouras, de las cofradías de pescadores y de la plataforma ciudadana Nunca Máis recurrieron la decisión porque cuestionan la independencia de Repsol para llevar a cabo el peritaje. Los letrados critican que se encargue una prueba tan importante a una empresa que años antes del accidente ya había realizado una revisión técnica del petrolero. Ven incompatible que una petrolera "participada" por el Estado realice una prueba crucial para determinar si la Administración es responsable de los daños de la marea negra.