El Consello de Contas pide eliminar ayudas a los ayuntamientos rebeldes

El responsable del Consello de Contas de Galicia, Luciano Fariña, reclama a la Xunta y al Estado de bloquen las subveneciones y transferencias a los ayuntamientos gallegos que sistemáticamente se niegan a que sus cuentas sean auditadas. "Los ayuntamientos están obligados legalmente a rendir sus cuentas al Consello de Contas", recordó Fariña. El Conselleiro Maior de Contas de Galicia fue uno de los 12 participantes en un seminario clausurado ayer en Lugo sobre corrupción pública. Las sesiones fueron dirigidas por el profesor e investigador de la Universidad de Vigo, Santiago Lago Peñas.

El número de ayuntamientos gallegos que no se somete a una auditoría pública de sus cuentas no deja de crecer. Los últimos datos divulgados esta semana por el Consello de Contas elevan a 106 la cifra de alcaldes incumplidores. Es la cifra más alta y un 11% superior a la de hace cinco años. El responsable del Consello de Contas ha pedido disciplina y sanciones contra los alcaldes que se han acostumbrado a eludir su obligación de que sus presupuestos sean sometidos a una auditoría pública.

"Pido mecanismos que disuadan a los ayuntamientos de incumplir con su obligación de rendir cuentas como, por ejemplo, trabas sobre ayudas recibidas de presupuestos de otros organismos públicos o en las liquidaciones de transferencias del Estado y de la Xunta", señaló anteanoche en Lugo Luciano Fariña, conselleiro maior de Contas de Galicia. Fariña admitió que, hasta ahora, los informes del Consello de Contas carecen de consecuencias jurídicas o sancionadoras.

"Estoy cansado de pedir armas para luchar contra el incumplimiento de los ayuntamientos, antes y ahora. Si quieren que el Consello de Contas sea más eficaz, que nos den mecanismos disuasorios", señaló a este priódico Luciano Fariña.

"Cada ayuntamiento goza de autonomía municipal, pero está obligado legalmente a rendir sus cuentas al Consello de Contas y reconozco que el panorama no es gratificante", señaló el responsable del órgano de auditoría de todo el sector público de Galicia.

¿Son los ayuntamientos que no presentan sus facturas los más corruptos? Fariña indica que "aprobar la cuenta sólo quiere decir que se ajusta a las previsiones establecidas, lo demás es asunto de los juzgados, no nuestro". Sin embargo, el responsable del Consello de Contas recordó que hay hasta 51 ayuntamientos gallegos que han eludido someterse a auditoría pública desde 1998 y ocho de ellos no lo han hecho nunca.

El conselleiro maior de Contas de Galicia participó en un debate sobre corrupción y ética pública organizado por la Escola Galega para as Administracións Públicas (EGAP) y el Ayuntamiento de Lugo. "Somos un órgano independiente que emite informes técnicos, no políticos" matizó Fariña, quien indicó que a pesar de haber sido propuesto por PP, sus informes le han generado "muchos problemas" con el citado partido.

El Consello de Contas recordó que uno de los problemas del descontrol municipal en Galicia es el minifundio. Según sus datos, 196 de los 315 ayuntamientos gallegos tiene menos de 5.000 habitantes.

Interventora

La interventora general de la Xunta, Marta Fernández Currás, fue muy autocrítica con el Gobierno gallego y admitió que las cuantas autonómicas también deben someterse a auditorías públicas.

"Debemos afrontar importantes reformas, incluyendo una Ley de Cuentas Anuales y la obligación de una auditoría de cuentas" de la Xunta, indicó la alta funcionaria, responsable de autorizar los ingresos y gastos de la Xunta. Entre los datos expuestos en el seminario, se constató que, hasta ahora, la Xunta nunca ha publicado en Internet la liquidación de su presupuesto anual, es decir, la contabilidad que indica en qué se ha gastado el dinero y si se han cumplido los proyectos anunciados al Parlamento.

"La situación actual en Galicia es complicada", sostuvo Marta Fernández, quien lleva año y medio al frente de la intervención de la Xunta. "Pero", subrayó, "hemos de ser conscientes que no se ha desarrollado un sistema completo de control del gasto público". Marta Fernández Currás admitió que su trabajo es básico para aportar a los ciudadanos información que les permita decidir su voto, "por eso tenemos que desarrollar más los controles, realizar una auditoría pública y hacer imprescindible el control de las subvenciones".