IU y ERC reclaman la nulidad de todas las sentencias

El proyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno llegó a finales de julio y unió en el lado de los insatisfechos a IU-ICV, ERC y PP, que han presentado enmiendas a la totalidad, aunque por motivos distintos. A los dos primeros grupos les parece insuficiente, mientras que los populares la consideran "innecesaria, irrelevante y falsaria".

Las enmiendas iban acompañadas de sendos textos alternativos en el caso de IU-ICV y ERC, no así la del PP que considera que la propuesta del Gobierno "supone una quiebra en relación con el pacto constitucional de 1978 que promovió la concordia y la reconciliación entre los españoles". Estos son algunos de los puntos del articulado en los que los grupos parlamentarios marcan las diferencias con la propuesta del Ejecutivo y en las que intentarán ponerse de acuerdo a partir del jueves.

- SENTENCIAS. El proyecto reconoce y declara el carácter injusto de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producida por razones políticas o ideológicas, "cualquiera que fuera el bando o la zona en la que se encontraran quienes lo padecieron", e incluye las sufridas durante la dictadura. Pero no habrá anulación de sentencias y será un Consejo de cinco notables quien determinará si la persona fue juzgada injustamente y sin garantías. La decisión del Consejo será recogida en una "declaración de reparación y reconocimiento personal" que será publicada en el BOE.

- IU-ICV. Propone anular las sentencias dictadas por los consejos de guerra celebrados durante la dictadura y por las demás jurisdicciones especiales.

- ERC. Esquerra pide la anulación de sentencias y que se emitan certificados de la nulidad de las mismas. Además, en relación con la sentencia que condenó a morir fusilado al presidente de Cataluña, Lluís Companys, una vez anulada, "el Jefe del Estado entregará al presidente de la Generalitat la certificación correspondiente".

- SÍMBOLOS. Los símbolos que "honren a un solo bando" quedan prohibidos en el proyecto de ley en los establecimientos de titularidad estatal. Aunque, se considera la excepcionalidad en los casos en los que exista valor artístico o histórico. La ley se limita a "recomendar" a los ayuntamientos y comunidades autónomas que sigan el ejemplo de los edificios públicos y retiren los símbolos. La norma no hace una recomendación expresa a la Iglesia porque la considera una institución privada.

- IU-ICV. Este grupo propone la retirada "de todos los ámbitos públicos" de los símbolos. El Gobierno tendrá que censar los vestigios de la dictadura para eliminarlos. Su propuesta prohíbe la mención o exaltación de la dictadura o de las personas vinculadas a la dictadura. En su articulado, la propuesta de IU-ICV se extiende a las instituciones privadas y religiosas.

- ERC. Coincide con IU-ICV y da un año de plazo para retirar los símbolos. Respeta, que se mantengan los que se considere necesario en el conjunto monumental "como elemento de divulgación de la represión de la dictadura y la resistencia antifranquista".

- VALLE DE LOS CAÍDOS. En el proyecto de ley se mantiene

como lugar de culto la basílica (por lo que la misa de cada 20 de noviembre en honor de Francisco Franco podrá seguirse celebrando) pero se prohíbe realizar ningún tipo de exaltación de la Guerra Civil y de la dictadura en cualquier lugar del recinto.

- IU-ICV. Piden la transformación del mausoleo del dictador en "Centro del Memorial de la Libertad", como sede del Instituto de la Memoria Democrática y como "Museo de la Represión". También solicitan que los elementos o vestigios franquistas recogidos en todo el Estado se instalen en ese museo.

- ERC. El texto de Esquerra señala que debe ser museizado "como centro de información y divulgación de la memoria represora en general y la de los penados que trabajaron en su construcción en particular, así como de toda la estructura represiva de campos de trabajadores desplegada por la Dictadura".

- FOSAS. La propuesta obliga a las instituciones a facilitar la localización e identificación de los desaparecidos de la Guerra Civil y la represión franquista. Para ello, la ley propone la elaboración de mapas de localización de las fosas comunes.

- IU-ICV. Consideran necesaria la intervención pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo.

- ERC. Piden la localización de las fosas y la identificación y, en su caso, exhumación de los restos humanos que contengan, atendiendo a un rigor científico.