Día de la reforma
Como viene ocurriendo desde hace años, el aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 se celebra bajo el signo de la polémica sobre su reforma. Esta vez por partida doble, ya que, a la modificación limitada a cuatro temas (Senado, nombre de las autonomías, sucesión a la corona, referencia a la Constitución europea), que figuran en el programa de los socialistas, se han añadido ahora los 14 "ajustes" o "retoques" propuestos el pasado fin de semana por el PP en su conferencia sobre el modelo territorial. El eje de tales propuestas es la "recuperación de un Estado eficaz", que según el PP se halla en peligro como consecuencia de la reforma del Estatuto catalán.
La rebaja de reformas a retoques se debe probablemente a motivos de oportunidad electoral. En mayo hay elecciones autonómicas en 13 comunidades, y desde ahora hasta esa fecha estarán en el candelero los debates sobre sus estatutos; también en las comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León, que ayer presentó en las Cortes el anteproyecto que han consensuado en la región PP y PSOE. Y de lo que se debate en esas reformas no es de recortar competencias, sino lo contrario. Como se comprobó en Andalucía, el PP de Rajoy no está dispuesto a aparecer como adalid de la resistencia a las reformas autonómicas, y mucho menos como heraldo de un recorte de competencias ya ejercidas.
Pero hay otra dimensión de la propuesta de Rajoy que no conviene ignorar. Las reformas propuestas por Zapatero requerirían el respaldo del PP para alcanzar la mayoría cualificada necesaria para su aprobación. Rajoy puede, por tanto, bloquearlas. La vicepresidenta Fernández de la Vega ha declarado recientemente que tras las navidades hará un último intento de acuerdo con el PP, y que si no lo hay el Gobierno renunciará a plantear en esta legislatura las reformas previstas.
Tal vez, en ese marco, pueda interpretarse el paquete de retoques presentado por Rajoy como una oferta de negociación. El PP respaldaría las del PSOE a cambio de que los socialistas apoyasen algunas de las suyas: aquellas que encajaran con posiciones que en el pasado compartieron ambos partidos, o con las que piensa el PP que se identifican sectores del propio PSOE, de manera que su eventual rechazo por el Gobierno sirviera como elemento de denuncia política. Se trate o no de eso, es cierto que algunas de esas propuestas podrían dar base para un acuerdo. La importancia objetiva que tendría la reforma del Senado, por ejemplo, justificaría no desdeñar de entrada esa posibilidad. Al fin y al cabo, también Aznar defendió en su momento, en 1994, como esencial esa reforma.
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