Venezuela da marcha atrás en su acuerdo para indemnizar y nacionalizar a etarras

El Gobierno venezolano dio ayer marcha atrás en el acuerdo para nacionalizar a cuatro etarras, con el objetivo de evitar su extradición, e indemnizar con más de 325.000 euros a otros dos que fueron entregados a España en 2002. El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Nicolás Maduro, garantizó al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, que "no habrá indemnizaciones ni nacionalizaciones". El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó revisar las causas judiciales contra los cuatro etarras a los que se ofreció hacerse venezolanos.

Zaragoza dictó una nota de servicio a los fiscales de la Audiencia Nacional para que revisen los casos que afectan a Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, a quienes las autoridades venezolanas ofrecieron nacionalizarse para evitar su extradición.

En dicha nota, el fiscal jefe ordena solicitar a los jueces competentes "la reapertura de las causas al objeto de comprobar si han transcurrido los plazos de prescripción legalmente establecidos". En caso negativo, agrega. los fiscales instarán "la práctica de las indagaciones necesarias para solicitar la localización, indagación y extradición" de los cuatro etarras.

Las Fuerzas de Seguridad implican a los cuatro miembros de ETA en al menos 23 asesinatos, cometidos a finales de los setenta y primeros de los ochenta, incluido el del dirigente de UCD Jaime Arrese, en 1980.

Respecto a Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, a quienes el Gobierno de Caracas se habría comprometido a indemnizar con más de 325.000 euros, por la supuesta ilegalidad de su entrega a España en 2002, el fiscal Zaragoza anunció que, si se confirma que han cobrado, estudiará reclamar el dinero para hacer frente al pago de la responsabilidad civil a la que fueron condenados.

Etxaniz cumple actualmente una pena de más de 185 años de prisión como ex miembro del comando Vizcaya, mientras que Galarza salió en libertad tras seis años de cárcel por colaboración con banda armada.

La difusión del acuerdo entre las autoridades venezolanas y los abogados de los etarras provocó ayer una movilización diplomática del Gobierno español y una repulsa casi unánime de las fuerzas políticas.

Morodo y Maduro

El embajador español en Caracas, Raúl Morodo, acudió a entrevistarse con el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, quien le garantizó que "no habrá nacionalizaciones ni indemnizaciones" para los etarras y que el Gobierno de Hugo Chávez "desautoriza" dicho pacto, según explicó un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID). A última hora se esperaba un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores venezolano en términos similares.

La versión de Maduro, según fuentes españolas, es que el Gobierno de Chávez ignoraba el acuerdo, que habría sido negociado sin su consentimiento por algún funcionario, contra el que se tomarán medidas.

Marino Alvarado, abogado venezolano de los etarras, explicó a Europa Press que las autoridades de Caracas llegaron en junio pasado a un "acuerdo amistoso" para indemnizar a Etxaniz y Galarza por los "daños y perjuicios" derivados de su deportación "ilegal y arbitraria" a España. Alvarado agregó que el acuerdo fue refrendado el 8 de noviembre por la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, ante la que acudieron los etarras, y sólo estaba pendiente de su publicación en la Gaceta Oficial de Venezuela. Según el letrado, la representante de Caracas en las negociaciones, María Auxiliadora Monagas, actuó "con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería".

Cautela de Zapatero

Las autoridades españolas reaccionaron inicialmente con gran cautela ante la noticia. "Hay que esperar para ver si se han consumado las nacionalizaciones", declaró en Dakar (Senegal) el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informa Peru Egurbide. "Después", agregó, "se evaluará la situación y se tomarán las iniciativas que correspondan".

Ante la petición de algunas fuerzas políticas de que se convocara al embajador venezolano en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que acompaña a Zapatero en su viaje a Senegal, respondió que "el tema está en Caracas, no en Madrid", en alusión a las gestiones de Morodo.

También se mostró muy prudente el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien admitió no obstante en Bruselas que, si se confirmara el acuerdo entre Venezuela y los etarras, "sería una decisión inaceptable para España", informa Ana Carbajosa.

Antes de que se confirmara la noticia, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, exigió una "respuesta tremendamente contundente en el ámbito diplomático" ante lo que calificó como un "insulto a la democracia española" y una "argucia bananera" para evitar que los terroristas paguen por sus delitos, informa Carlos E. Cué.