Pecados diversos

Parece que en España todo gira en torno a la construcción: la creación de empleo, las grandes fortunas , la política, los delitos, la policía y la corrupción. Es lo que se ha dado en llamar el ladrillo y que ha convertido la economía española en un tigre del sur de Europa. Muchos personas y empresas que hacen 20 años no las conocía nadie, ahora son protagonistas de una vida de lujo y disipación. Son las constructoras las que compran empresas energéticas y bancos, no al revés como pudiera resultar normal. El poder del dinero ha llegado a tal extremo que todo el mundo quiere un trozo. No hace falta dirigir una gran empresa: cualquier españolito de a pie quiere su parte de la tarta. Por eso, junto a grandes promotores que obtienen cuantiosas fortunas y doblegan voluntades, muchos ciudadanos se compran segundas y terceras residencias con el objetivo de revenderlas en el futuro a un precio mayor. Eso sí, cientos de miles de jóvenes y de inmigrantes se ven privados de tener su propia vivienda porque no ganan lo suficiente para pagar los precios del mercado. Es la paradoja del sistema. Riadas de millones corren por la Costa del Sol, por Madrid o por Levante. Es difícil resistirse ya que con tan sólo un lápiz se le cambia el uso a una parcela y se obtienen importantes beneficios.

Una vez detectadas las irregularidades viene el debate ¿se derriba o llega el momento del realismo político? ¿se restituye el territorio a su situación original o se saca del cajón el pragmatismo? ¿se acepta que una edificación se hizo de manera ilegal y por tanto debe derribarse o tratamos a los que se beneficiaron con indulgencia? Este es el momento en el que se considera a los infractores como electores. Porque pensar que todo el que compró o se hizo una vivienda ilegal es un pobrecito me parece ingenuidad o cinismo. ¿Cómo de grande tiene que ser el desaguisado para que haya derribo? ¿sólo lo construido sobre zonas verdes y equipamientos verá la piqueta? ¿y todos los que se hicieron viviendas en el diseminado rural sabiendo que no tenían licencia, ahí no hay dolo? Si no lo derribamos y decimos que hacemos tabla rasa, invitamos a otros a seguir su camino: tarde o temprano se legalizará. Debe ser ese concepto católico-urbanístico de Manuel González Fustegueras sobre Marbella: hay 30.000 viviendas ilegales de las que 5.000 son pecados mortales y el resto veniales. Es decir, edificios sobre sistemas generales de equipamientos y otros que se hicieron sin licencia, con aumento de volumetría o cualquier otra triquiñuela. Entre los pecadores veniales parece que está el ex presidente Aznar y su vivienda ilegal. Un ejemplo de pobrecito e ingenuo ciudadano del que han abusado unos desaprensivos promotores. Qué pena.

Porque derribar, lo que se dice derribar, sólo tenemos el ejemplo de un trozo del chalet de Bertín Osborne y un hotel en Atlanterra, aunque justo al lado del hotel se hayan levantado luego enormes bloques de apartamentos sin garantías para la recogida de basuras, los vertidos de aguas fecales y demás menudencias. Siguen en pie Las Beatillas y Montenmedio, con sentencias de derribo. Sigue en pie el Hotel de El Algarrobico. Un juez sensible se ha apiadado de la realidad social y ha aceptado el centro comercial Gran Plaza de Roquetas, a pesar de su ilegalidad, porque da trabajo a gente. El asunto ha llegado a tal extremo que algunos responsables políticos actúan con descaro: el concejal de urbanismo de La Línea, que tiene su empresa de construcción; el alcalde de Puerto Real, que le da licencia a su hermano para que se haga una casa en un edificio reservado para usos educativos con un informe del arquitecto que ha proyectado las viviendas que vende el propio hermano. A los ciudadanos sólo les escandaliza si va a la cárcel algún protagonista de los programas del corazón .Todo se hace, según dicen, por el bien común, por el empleo y por el desarrollo del pueblo. En el otro lado, los pobrecitos empresarios se han visto engañados en su buena fe, como dice el presidente de la patronal andaluza.