El juez destapa un chivatazo que permitió al alcalde de Andratx destruir documentos

El juez Álvaro Latorre, instructor del escándalo balear de corrupción urbanística, el caso Andratx, sostiene que "existen serios indicios de una desmedida masa patrimonial que no se explica por el sueldo de alcalde [Eugenio Hidalgo, del PP] o por negocios previos a su entrada en la vida política". El regidor se encuentra en prisión preventiva desde el jueves. El magistrado señala en su auto judicial que el alcalde recibió información previa de la intervención judicial, lo que le permitió destruir documentos antes de que se ordenaran los registros de su despacho.

El auto judicial explica así el supuesto chivatazo: "Ha existido, al parecer, un aviso al alcalde que ha propiciado que su despacho apareciese inusualmente ordenado, con documentos rotos por él y tirados a la basura, hasta el punto que ha debido buscarse documentación incluso en contenedores y bolsas de basura". La Guardia Civil confirmó ayer sus sospechas sobre la existencia de una filtración al alcalde preso, que fue integrante del instituto armado hace más de dos décadas. Un portavoz del cuerpo señaló que esa filtración no tuvo origen en la Guardia Civil y que están analizando cintas de seguridad grabadas en el ayuntamiento en los días previos a la intervención judicial.

El auto del juez ordenando los registros y detenciones del llamado caso Andratx, impulsado por La Fiscalía Anticorrupción tras meses de indagaciones, fue firmado por el juez el 22 de noviembre, seis días antes de su ejecución. El lunes 27, a primera hora, Eugenio Hidalgo acudió trajeado al despacho oficial para una jornada de trabajo sin actos oficiales, según reseña su jefe de gabinete, Diego Feliu. Éste narra que el alcalde explicó que había que estar atento a las noticias de la radio y que le hizo algunos comentarios privados con cierta desazón personal.

El juez Latorre ordenó que se recogieran las grabaciones de vídeo de las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Andratx de los días previos a la entrada y registro judicial para intentar identificar a las personas que habían acudido a las dependencias municipales y que habían lanzado papeles de manera masiva a los contenedores de basura.

Hidalgo parecía estar alertado también sobre las escuchas policiales y uno de sus interlocutores gubernamentales le trasladó sus precauciones. Integrantes de los equipos de investigación vaciaron y examinaron los contenedores de basura del edificio municipal, en concreto, el punto de recogida selectiva de papel y, también los recipientes de vidrio. Las personas que lanzaron expedientes y notas usaron el basurero de cristales posiblemente para tapar el rastro o complicar la búsqueda de indicios delictivos.

La medida de prisión incondicional de al menos cinco días para Hidalgo y Gibert -que comparecerán de nuevo en el juzgado el lunes- se justifica "para salvaguardar las fuentes de prueba" y evitar "una posible intervención sobre testigos" aún pendientes de declarar, cerca del medio centenar, según fuentes judiciales.

El testimonio de la ex arquitecta municipal imputada, María Isabel Seguí, ha sido clave para apuntalar la investigación de la Fiscalía. Los acusadores Horrach y Carrau reclamaron de los imputados multitud de detalles acerca de las licencias otorgadas y las certificaciones de suelo, exhibiendo planos y fotos aéreas. Precisaron el papel de muchos funcionarios municipales de Andratx. Se insistió en desvelar el origen de los patrimonios de los detenidos y el posible mecanismo de los eventuales sobornos.

El 'cerebro' de Urbanismo del Gobierno balear, el director general destituido Jaume Massot -puesto en libertad con cargos- negó su intervención en negociaciones ilícitas, minimizó su papel en el Ayuntamiento en los últimos tres años y afirmó que su única empresa, creada en 1992, no tiene actividad inmobiliaria.

Tras las declaraciones de Eugenio Hidalgo -alcalde, concejal de Urbanismo y constructor- y de su cómplice, el celador de la legalidad de las obras, Jaume Gibert, el auto reitera la sospecha de la existencia de "indicios bastantes" de corrupción, en el negocio de licencias municipales sobre "certificados falsos" en la floreciente actividad inmobiliaria de Andratx. El pueblo turístico residencial mallorquín es uno de los exponentes del urbanismo salvaje.

Fortunas y promociones

El eje de las investigaciones judiciales abiertas radica en ligar la posible relación de las fortunas con las promociones inmobiliarias de los imputados en Andratx, con licencias ilegales, y las posibles dádivas recibidas por Hidalgo y su socio también preso, el funcionario municipal, Jaume Gibert. Éste detalló en sus declaraciones cómo el alcalde compró un solar, le ofreció una participación y después ambos tramitaron su venta a un empresario relacionado con ellos.

Una de las licencias de estas operaciones irregulares de Hidalgo y Gibert se concedió en menos de dos semanas, según una denuncia judicial de los ecologistas del GOB (Grupo de Ornitología Balear) y el pelotazo, con una inversión declarada de 1,3 millones de euros, supera en este caso los diez millones. Eugenio Hidalgo reconoció sus negocios inmobiliarios y de construcción en Andratx pero negó que el origen de su patrimonio sea fruto de una actividad ilegal, según su abogado. Una versión parecida a la que dio Gibert.