La UE advierte de que la aversión contra los musulmanes crece en el continente

Inmigrantes y minorías étnicas sufren una situación de discriminación en toda la Unión Europea en el acceso al empleo, la educación y la vivienda. Especialmente preocupante es la creciente islamofobia, la aversión contra los musulmanes. A estas conclusiones llega el Observatorio sobre Racismo y Xenofobia de la UE en su informe anual de 2005, hecho público ayer. El estudio advierte, entre otras cuestiones, de que los gitanos son "vulnerables a la violencia y delincuencia racista", y que miembros de la comunidad judía "siguen sufriendo incidentes de antisemitismo".

El estudio admite que, debido a la escasez de datos oficiales, no es posible comparar los índices de delitos racistas de los Estados miembros, y se hace difícil el desarrollo de medidas destinadas a evitar estos fenómenos. No obstante, con ayuda de datos recogidos sistemáticamente por organizaciones no gubernamentales, que "compensan la falta de información sobre los grupos de víctimas vulnerables", el informe constata que en 2005 no ha habido señales de mejora en la prevención de discriminación de inmigrantes y otras minorías.

Más bien al contrario: según el estudio, los gitanos son "vulnerables a la violencia y delincuencia racista ejercida tanto por particulares como por funcionarios"; miembros de la comunidad judía "siguen sufriendo incidentes de antisemitismo"; y es muy alarmante el "creciente número de ataques físicos y abuso verbal contra musulmanes". La discriminación silenciosa contra los extranjeros se expresa a menudo, subrayan los expertos, en las dificultades de acceso a vivienda o trabajo.

Este Observatorio exige a todos los miembros de la UE la plena aplicación de la legislación antidiscriminatoria de la Unión y hace especial hincapié en la necesidad de evaluar "prácticas gubernamentales respecto a los símbolos religiosos", en referencia al creciente debate sobre el pañuelo musulmán, que se menciona por primera vez en un informe anual de este órgano con sede en Viena.

Aunque los anuncios discriminatorios son ilegales por acuerdo entre todos los miembros de la UE, en algunos países son habituales las ofertas de alquiler de viviendas que "explícitamente rechazan a los extranjeros". El informe cita, a partir de los datos aportados por las ONG, a España, Francia, Italia, Bélgica, Dinamarca y Finlandia.

En algunas escuelas de Bélica, Alemania, Francia, Irlanda, Holanda, Austria, Suecia y Reino Unido se han registrado "comportamientos racistas o antisemitas de profesores o estudiantes". En Dinamarca, Alemania y Austria se tiene constancia de niños a los que en el colegio se les ha prohibido hablar su lengua materna con otros alumnos. El informe también denuncia "contenidos discriminatorios en libros de texto" en Chipre y Hungría, y la "segregación de niños romaníes" del sistema escolar regular en la República Checa, Eslovaquia y Hungría.

El Observatorio pide a todos los países miembros que den "prioridad a las medidas que combaten la discriminación racial". Con más énfasis que en años anteriores, en el nuevo informe se critica la falta de documentación oficial en cinco países mediterráneos, España entre ellos. "Sería inconcebible que los Estados no recogieran estadísticas para elaborar las políticas fiscales o económicas", recalca.

Elogio a Reino Unido

"Lo mismo debe hacerse para las políticas destinadas a combatir el racismo y la xenofobia", dijo Beate Winkler, directora del Observatorio. En su opinión, los países que no documentan este tipo de discriminaciones "niegan la realidad de la xenofobia, impiden su seguimiento y el desarrollo de medidas destinadas a evitar estos fenómenos". Un portavoz del Gobierno español declinó comentar el informe antes de estudiar a fondo su contenido.

Los únicos dos miembros de la UE con sistemas "exhaustivos" de recopilación de datos son Reino Unido y Finlandia. Beate Winkler interpreta estas diferencias en clave histórica: mientras que España "tiene que cambiar ahora su percepción, porque ha vivido recientemente un giro de 180 grados, pasando de un país de emigración a ser destino de inmigrantes", Reino Unido cuenta con "muchos años de experiencia en asuntos de inmigración y con una larga tradición de derechos cívicos que permite a los ciudadanos confiar en la protección de sus datos personales".