De la infravivienda al piso en propiedad

La vivienda se ha convertido en un quebradero de cabeza para los españoles: el 30,3% la considera uno de los tres principales problemas que existen en España, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Pero la situación es aún peor para los inmigrantes, muchos de los cuales no tienen un contrato en regla o se enfrentan a la desconfianza de los arrendadores.

Por la necesidad acuciante de vivienda, los extranjeros se han convertido en muchas ocasiones en víctimas de estafas o de caseros, inmobiliarias o financieras sin escrúpulos, que se aprovechan de su dificultad para acceder a contratos, avales y créditos para imponerles condiciones abusivas o "dar salida" a viviendas que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad.

Los extranjeros suponen un 33,3% de los compradores de pisos

"Unos piden un aval y otros no quieren alquilar a familias con niños", dice Esmilda

Un ejemplo son las más de 20 familias de inmigrantes que fueron estafadas el pasado julio por una supuesta agencia inmobiliaria, dirigida por un dominicano, que les alquiló a todos el mismo piso de Madrid y desapareció con el dinero de los arrendatarios, que habían pagado al estafador entre 1.500 y 4.000 euros cada uno como fianza.

Seis familias tuvieron que quedarse allí a vivir, hasta que encontraran otro lugar en el que alojarse, y ahora, después de más de tres meses de búsqueda infructuosa, la de Esmilda Peñaranda y otras dos familias más siguen compartiendo el piso.

Las situaciones vividas por Esmilda, colombiana de 42 años, casada y con dos hijas pequeñas, son un ejemplo de las vicisitudes de los inmigrantes a la hora de acceder a una vivienda: en los seis años que lleva en España, primero vivió en un locutorio y después en una pequeña nave cuyo propietario había habilitado como vivienda para tres familias. "Era una chapuza: pasábamos muchísimo frío y el baño era tan pequeño que no podías ni agacharte en la ducha para lavarte los pies", dice Esmilda, que pagaba 350 euros al mes por vivir en un lugar ilegal y que no reunía las condiciones necesarias.

"Teníamos que irnos de allí, no podíamos pasar otro invierno así, pero es muy difícil encontrar un alquiler, porque unos piden un aval y otros no quieren alquilar a familias con niños", explicó. El supuesto dueño del piso en el que viven no les puso pegas, sólo el pago de dos meses de fianza y del mes en curso. Así que se mudaron, cuenta, a pesar de que el piso está "en una zona elitista, todo es muy caro y está mal comunicado".

Esmilda acudió a la junta de distrito de San Blas, donde está el piso. "Me dijeron que si buscaba que me dieran un piso, pero yo sólo quiero que me ayuden a buscar un alquiler que pueda pagar", asegura. También acudió a la Comunidad de Madrid. "Con la nómina de mi marido, 1.100 euros, no nos podían alquilar nada ¿Cuánto tenemos que ganar? Sólo me ofrecían tres meses en un albergue, y luego, a la calle. Pero ¿qué hago con dos niñas en un albergue?", se pregunta. Desilusionada ante la falta de ayudas públicas, Esmilda busca ahora una habitación en un piso compartido a la que mudarse.

Según el estudio Inmigración y vivienda en España, publicado en 2005 por el Observatorio Permanente de la Inmigración, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y elaborado por el colectivo IOÉ en la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana, los principales problemas en el acceso a la vivienda citados por los encuestados son, por este orden, los precios elevados de la vivienda, la fianza exigida, las malas condiciones de la oferta, la escasa oferta de alquiler, la exigencia de nómina, los avales, la propia condición de inmigrante, la situación irregular en España, el desconocimiento de la ciudad o los engaños o estafas por parte del arrendador o la agencia intermediaria. Este último es un problema que uno de cada cinco entrevistados dijo haber sufrido.

La vía más frecuente por la que los encuestados encontraron su vivienda es a través de parientes o amigos (el 65%), una agencia inmobiliaria (el 17%) o por anuncios en la prensa, la calle o los comercios (el 12%). En muy pocos casos se logró a través de asociaciones u ONG (el 1,6%) o gracias a la mediación de un organismo público (1,1%).

Wilson, dominicano de 30 años, pudo comprarse un piso hace tres años y medio junto a su novia española. "No tuve muchos problemas, porque fue por inmobiliaria, pero a pesar de que aporté mi nómina, tuvo que avalarme la madre de ella". Tiene claro que si no hubiera sido por ese aval no hubiera logrado adquirirlo.

Después la relación con su pareja se rompió, y Wilson se vio obligado a vender el piso. Ahora, después de haber sido propietario, vive en una habitación de un piso que alquiló un familiar, por la que paga 250 euros más gastos. No se plantea un alquiler en solitario o volver a comprar, porque los pisos están demasiado caros "y cada año empeoran". Además, cuando llamaba para interesarse por un piso en alquiler siempre le decían "que ya estaba alquilado". "Le pedí a una amiga española que llamara por mí y a ella sí le daban la información" sobre el piso, añade.

La oferta de alquileres en España es escasa, lo que, además de elevar los precios, sitúa al casero en una posición ventajosa, que se traduce en la exigencia de elevadas fianzas o avales y en algunos casos la negativa más o menos velada a arrendar a inmigrantes.

La vivienda en propiedad es una opción en alza, como muestra otro estudio, el Informe sobre el mercado de la vivienda, del grupo Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, publicado el pasado mes de octubre, que señala que los inmigrantes suponen un 33,3% de los compradores de vivienda, un dato que contrasta con el 8,7% que representan los extranjeros sobre el total de la población extranjera, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Dentro de ese 33%, casi la mitad es latinoamericano (18,59%), seguidos de africanos (6,7%), europeos (6,13%) y asiáticos (1,86%).

Desde hace unos años, los inmigrantes regularizados pueden acceder a las convocatorias de vivienda de promoción social; sin embargo, se trata de una opción aún escasa. Comunidades autónomas y Ayuntamientos comienzan a hacerse cargo del problema y han desarrollado diversas iniciativas para ayudar a los inmigrantes a conseguir un alojamiento.

La Comunidad tiene un Programa de Acceso a la Vivienda para Inmigrantes, destinado a facilitar el alquiler o la compra mediante un fondo de garantía que cubre impagos o desperfectos en los alquileres y asesoría jurídica sobre arrendamiento, hipotecas, fiscalidad o promociones públicas.

El programa está gestionado por la ONG Provivienda, que desarrolla labores de mediación entre arrendatarios y propietarios en el mercado libre de alquiler. Así, ante el problema de muchos inmigrantes que no tienen manera de justificar sus ingresos, aceptan documentos como "una carta del empleador que diga cuánto dinero ganan", afirma Javier Oliver, de Provivienda.

A los propietarios les ofrecen la garantía del pago del alquiler y un seguro multirriesgo. Además, durante el primer año hacen un seguimiento del contrato, tanto para problemas técnicos o derivados del alquiler, como de cuestiones como la integración en el barrio. También facilitan a los arrendatarios información sobre los recursos de la zona, como colegios o centros culturales.

En los casos en los que los inmigrantes no tienen suficientes ingresos para alquilar un piso, buscan soluciones, como habitaciones en un piso compartido o viviendas con acompañamiento social, pero esto sólo en los casos "que vengan derivados de los servicios sociales".

Provivienda, que trabaja desde 1989 en el alojamiento social de jóvenes, inmigrantes y otros colectivos, también desarrolla programas de alojamiento para inmigrantes en las localidades mallorquinas de Inca y Manacor, Terrassa (Barcelona) y Alicante.

Hasta octubre, la ONG había facilitado alojamiento este año en la Comunidad a 474 personas -entre ellas, la nacionalidad más representada, con diferencia, es la ecuatoriana (113 casos)-, había mediado en el alquiler de 142 pisos e informado a 1.905 personas.

Por otra parte, el creciente peso de los inmigrantes en el mercado inmobiliario ha dado lugar a iniciativas como la feria Vive Latinoamérica, celebrada el pasado mes de junio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que reunió a gran número de inmobiliarias, entidades bancarias y empresas especializadas en facilitar al inmigrante la financiación necesaria para la compra de vivienda. También tenía cabida en la feria la oferta inmobiliaria en los países de origen, con promociones en Colombia y Ecuador.