La mitad de los ayuntamientos se niega a ser auditado

La mitad de los ayuntamientos gallegos incumple su obligación de enviar sus cuentas al Consello de Contas para que sean auditadas. Un 21% aún cubre el expediente, remitiendo sus libros fuera de plazo, pero el 30,5% se niegan a rendir cuentas. El Consello de Contas advierte a los alcaldes rebeldes que, a partir de ahora, recibirán requerimientos del Tribunal de Cuentas y, si siguen incumpliendo, sus casos serán remitidos a la Fiscalía.

Todos los ayuntamientos están legalmente obligados a someterse, cada año, a una auditoría pública de sus cuentas. En Galicia esa auditoría la realiza el Consello de Contas, organismo teóricamente independiente en su trabajo, pero políticamente nombrado por el Parlamento.

El último informe del Consello de Contas es muy crítico con los ayuntamientos gallegos: sólo el 40,1% de los municipios fiscalizan sus liquidaciones presupuestarias en plazo y forma. El resto las envía tarde, no las envía nunca o, sencillamente, no dispone de cuentas aprobadas.

"Hay ayuntamientos que no envían documentación alguna desde el año 1998", señala el acta del Consello de Contas, adviertiendo que no es admisible que las corporaciones locales gasten sin control alguno. Entre los ayuntamientos con contabilidad desconocida para el auditor público gallego figura una lista de 30 ayuntamientos. Barreiros, el municipio lucense que es noticia por su urbanismo irregular, lleva ya seis años sin rendir cuentas. En la lista negra se incluyen otros pequeños municipios como Cospeito, Cortegada o Triacastela.

Los 149 de la 'lista negra'

La relación de ayuntamientos rebeldes con el Consello de Contas incluye a un total de 149 municipios. La mayoría de ellos escapan habitualmente de las auditorías públicas, pero todos lo han hecho al menos una vez durante los últimos cuatro años.

"¡Es que tenemos casos de varios ayuntamientos que aprueban el presupuesto después de habérselo gastado!", se lamenta Xaquín Álvarez Corbacho, catedrático de Hacienda Pública y consejero de cuentas que ha dirigido el informe sobre las administraciones locales gallegas.

Lo peor es que el descontrol del gasto municipal empeora. En los últimos tres años, la cifra de los alcaldes que no remitían sus presupuestos al Consello de Contas ha aumentado en más de un 5%. Dicho de otro modo, nadie externo a la corporación local, comprueba las facturas, ni se inpecciona si lo que un alcalde dice que gasta coincide con lo que realmente gasta.

Para evitar que el problema se agrande, el Consello de Contas ha decidido aumentar este año sus inspecciones selectivas de oficio (20 ayuntamientos) y ha escogido los casos de los alcaldes más incumplidores.

Además, el Consello de Contas ha advertido a los citados ayuntamientos que remitirá requerimientos a su hermano mayor, el Tribunal de Cuentas de España. La última amenaza del organismo público es más expeditiva: advierte que impondrá multas y que pedirá a la Fiscalía que investigue posibles delitos contables en los casos más graves. Cada ayuntamiento dispone de diez meses de plazo para liquidar su presupuesto del año anterior y enviarlo al Consello de Contas..

Álvarez Corbacho denuncia que muchos gobiernos se han acostumbrado a prorrogar presupuestos, una técnica que sólo debe ser accionada como medida excepcional.