El promotor Ortiz niega ante el juez cualquier relación de amistad con Alperi

El promotor Enrique Ortiz negó ayer ante el juez cualquier relación de amistad con el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP. El contratista, imputado por un supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos, ha obtenido múltiples adjudicaciones urbanísticas, entre ellas el Plan Rabassa. Ortiz redujo su relación con Alperi al "ámbito institucional" y justificó las modificaciones -ventajosas para el promotor, según el fiscal Anticorrupción- del contrato inicial en la necesidad de efectuar obras para garantizar la seguridad.

El contratista Enrique Ortiz compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 8 de Alicante que instruye la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos por parte del Ayuntamiento de Alicante. El magistrado, a instancia del fiscal, ha imputado, además del promotor, al alcalde, a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, el concejal de Tráfico, Luis Concepción, y el jefe del negociado de Tráfico, Antonio Escobedo. El juez les imputa los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

A preguntas del ministerio público, el empresario negó cualquier relación de amistad con el alcalde. El contratista circunscribió su relación con el regidor alicantino "estrictamente al ámbito institucional".

Enrique Ortiz admitió ante al magistrado que estaba al corriente del trámite de la adjudicación aunque derivó la responsabilidad última de los cambios en el "director técnico de la obra".

El promotor argumentó los cambios introducidos en el proyecto inicial por cuestiones de seguridad. De esta forma, justificó los cambios en unos de los aparcamientos, en concreto el que construye en el subsuelo de la calle de López Osaba, donde se sustituyeron muros tradicionales por muros de pantalla. Para el empresario el coste de ejecución de esos trabajos es más que el que recogía el proyecto inicial.

En su denuncia, el fiscal anticorrupción considera que el Ayuntamiento modificó al alza el contrato inicial. Los trabajos de los tres aparcamientos fueron adjudicados al promotor en 2003 por 14,8 millones y por un período de explotación de 40 años. Más adelante, el empresario presentó una propuesta que modificaba al alza las condiciones del contrato, tanto del presupuesto, que se elevaba hasta los 17,8 millones, como del plazo de ejecución, que aumentaba en siete años y diez meses. Los técnicos del departamento de Urbanismo se opusieron a la modificación, extremo que llevó a Díaz Alperi a trasladar el expediente al área de Tráfico, cuyo jefe de negociado, Antonio Escobedo, ahora imputado en la causa, avaló la propuesta. En su escrito de denuncia, la acusación pública concluye que "hubo un concierto previo entre el alcalde y los dos concejales [Castedo y Concepción] con la exclusiva intención de conferir mejoras al adjudicatario".

El ministerio público considera que la modificación del contrato ha acarreado al Ayuntamiento un quebranto económico de 2.268060 euros.