El Gobierno tendrá que garantizar por ley las ayudas a las familias con hijos

El Gobierno garantizará por ley las ayudas a las familias con hijos, al igual que ahora hace con la renta básica, y se ha comprometido a enviar a la Cámara en el primer trimestre de 2007 una ley de Apoyo a las Familias. Los socialistas arrancaron ayer al tripartito ese compromiso durante el debate del segundo Plan Interinstitucional en la materia. La discusión del plan, que abarca hasta 2010, dio lugar a la aceptación de algunas propuestas de resolución de la oposición (las tres del PSE y dos de las de EHAK), mientras que el PP se quedó solo en la defensa de las suyas.

El Gobierno logró salir ayer airoso del debate en el Parlamento del segundo Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias tras incorporar al mismo varias propuestas de resolución de la oposición y todas las que plantearon los grupos del tripartito. El PSE dejó ver con claridad su respaldo al plan -"es de justicia valorarlo", dijo su portavoz, Gemma Zabaleta- al que logró que el Ejecutivo incorporase algunos compromisos de los que su grupo viene haciendo caballo de batalla.

El fundamental es la consideración de las ayudas actuales como derechos subjetivos, es decir no dependientes de la cumplimentación de una solicitud en un plazo concreto ni de la disponibilidad presupuestaria. Como tales se incluirán ya en el proyecto de ley de Apoyo a las Familias, que el grupo socialista solicitó que se remita en seis meses y que el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, se comprometió a enviar a la Cámara durante el primer trimestre del año próximo.

Azkarraga accedió también, a instancias de Zabaleta, a incorporar la Ley de Servicios Sociales como uno de los compromisos normativos del plan, aunque ese proyecto es cometido del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, dirigido por Javier Madrazo.

Los incumplimientos de este último fueron reconocidos por su compañero de gabinete, tanto en lo relativo a la ley citada como a la de Servicios Sociales. "Por lo que conocemos, ambos [proyectos] van a ser entregados a la Cámara, pero no nos hemos ajustado a los plazos que teníamos obligado hacerlo", dijo. El PSE echó a faltar también la de Mediación Familiar, igualmente competencia de Madrazo.

Subvenciones directas

Azkarraga aceptó igualmente estudiar la extensión a las víctimas de la violencia conyugal de las exenciones fiscales o de tasas y precios públicos (por ejemplo, matrículas en la enseñanza postobligatoria o universitaria) de las que ya disfrutan las víctimas del terrorismo. El PSE logró que se establezca 2020 como año límite de referencia para la evolución y ampliación de la cobertura de las ayudas.

EHAK logró que el plan incorpore la consideración de que las ayudas sean directas y no se relacionen con la política fiscal, ya que muchos demandantes ni siquiera realizan la declaración de la Renta por la cortedad de sus ingresos.

El Gobierno no aceptó en cambio ninguna de las propuestas de resolución del PP, una de ellas pidiendo la devolución del texto, que calificaba de "manifiestamente mejorable e insuficiente". La popular Arantza Quiroga afirmó que no es "ni interinstitucional" respecto a diputaciones y ayuntamientos, ya que el Gobierno se reserva el 77% de las actuaciones, "ni transversal" respecto a los distintos departamentos. Azkarraga negó ambas acusaciones.

El plan también incorpora varias propuestas del tripartito, entre ellas la de flexibilizar la jornada de trabajo y la de fomentar servicios para atender a los menores durante las vacaciones escolares.