El Supremo anula la adjudicación del proyecto del Centro de Transfusiones

La falta de rigor de la Consejería de Sanidad va a costar a los contribuyentes madrileños más de 300.000 euros en indemnizaciones. El Tribunal Supremo ha anulado la adjudicación, en 1997, del proyecto arquitectónico del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid porque Sanidad valoró mal las ofertas presentadas y no eligió "la más ventajosa para el interés público". Como el centro ya está construido y funciona desde 2003, el arquitecto perjudicado será indemnizado. La arquitecta ganadora, según los jueces, cometió "inexactitudes" en su currículo.

Sanidad deberá indemnizar al aspirante perjudicado con más de 300.000 euros

El proyecto del arquitecto Rafael Perea Ortega quedó en segundo lugar en el concurso adjudicado por la Consejería de Sanidad, cuya titular era Rosa Posada, en 1997. Desde entonces, Perea ha batallado en los tribunales para defender la calidad de su proyecto, el que quedó en segundo lugar. Tras perder el recurso administrativo y el presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo le dio finalmente la razón en 2004.

El fallo de los jueces, sin embargo, llega tarde. En los siete años de litigios, el Centro de Transfusiones ha sido construido e inaugurado, según el proyecto del arquitecto ganador del concurso anulado. Por ello, el Supremo devolvió el caso al Tribunal Superior para que decidiera cómo resarcir a Perea. Una indemnización de 278.818 euros -más los intereses, por los que aún pleitea el arquitecto, que elevarán la cifra hasta más de 300.000 euros- ha sido la decisión de los jueces.

La compleja historia del Centro de Transfusiones se remonta al primer Gobierno en la Comunidad de Madrid del hoy alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Éste decidió en 1996 crear una institución que centralizara el análisis, procesamiento y almacenaje de las miles de bolsas de sangre que cada día son utilizadas en los hospitales de la región. El centro, además, también iba a servir como banco de tejidos humanos, como el de células madre del cordón umbilical.

Para llevar a cabo el proyecto, la Consejería de Sanidad convocó un concurso arquitectónico dotado con 45,3 millones de pesetas (273.460 euros) y que fue fallado el 4 de septiembre de 1997. La ganadora fue la arquitecta Silvia Gámez Carrasco, que obtuvo 15 puntos sobre los 17 posibles.

Fue un concurso muy reñido, ya que el proyecto presentado por Perea obtuvo sólo 1,5 puntos menos. Gámez se benefició de forma decisiva de los cuatro puntos que recibió como aspirante con mejor currículo. El problema, según denunció Perea y reconocieron los jueces del Supremo, era que "el currículo presentado por la adjudicataria incurre en ciertas inexactitudes y soporta determinadas carencias".

Gámez Carrasco se atribuyó varios proyectos -como la rehabilitación de los teatros Cervantes, en Madrid; Rojas, en Toledo, y Martínez Montañés, en Alcalá la Real- que habían sido "realizados por otros arquitectos, uno de los cuales es su marido, o no consta que hayan sido efectivamente dirigidos o proyectados" por ella, según la sentencia del Supremo, que censura a los técnicos de Sanidad por no cerciorarse de los datos presentados por los aspirantes.

Los jueces también critican la "excesiva discrecionalidad" de los técnicos de Sanidad y que no se ajustaran "con vigor a los criterios objetivos fijados en el pliego de condiciones" del concurso.

Los dos arquitectos implicados declinaron ayer hacer declaraciones. Andrés Perea Ortega, también autor del proyecto del hospital de Fuenlabrada, se limitó a comentar que "es una pena que ahora todos los madrileños tengan que pagar con sus impuestos una indemnización por un error que era evidente en 1997 pero que los responsables de Sanidad no han querido admitir en todos estos años". Silvia Gámez Carrasco, por su parte, afirmó que "no es el momento de entrar en polémicas viejas". Gámez es autora también del proyecto de otro hospital, en este caso el de Ceuta.

Los responsables del proyecto de construcción del Centro de Transfusión en 1997 fueron Antonio Barba, actual gerente del hospital Gregorio Marañón, y Ramón de la Mata Gorostizaga. El primero era director general de Salud de la Comunidad de Madrid y el segundo, jefe de Servicios Técnicos del Servicio Regional de Salud. Barba no atendió ayer las llamadas de este periódico para recabar su versión de los hechos.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad, por su parte, confirmó que el departamento ha cursado la orden de pago de los 278.818 euros de indemnización a favor de Perea, aunque no informó del pago de los intereses pendientes.