La Guardia Civil detiene por corrupción al jefe urbanístico de Baleares y al alcalde de Andratx

El alcalde de Andratx (Mallorca), Eugenio Hidalgo, y el director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares, Jaume Massot, ambos del PP, fueron detenidos ayer en el marco de una espectacular operación contra una presunta trama de corrupción urbanística en la población turística. En la causa judicial, la Fiscalía Anticorrupción y Hacienda investigan la existencia de los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, falsificación documental y negociación prohibida a funcionarios. El inspector local de Urbanismo, Jaume Gibert, también está imputado y detenido. La Guardia Civil registraba ayer, por orden del juez, siete empresas relacionadas supuestamente con las actividades de los detenidos.

Massot fue el autor principal del proyecto de Ley de Suelo del Gobierno de Matas

Grupos ecologistas y partidos políticos impulsaron causas contra el alcalde

La investigación judicial ha extendido su sospecha sobre medio centenar de propiedades y compañías relacionadas con el alcalde Hidalgo y con el resto de los implicados. De esta manera, intentarían acreditar un supuesto enriquecimiento que podría estar vinculado a las actividades y operaciones ilegales, por cobros de dádivas a cambio de conseguir autorizaciones para distintas construcciones en áreas protegidas y sin amparo legal.

Eugenio Hidalgo, ex guardia civil, montó un grupo político local decisivo para formar mayorías en el Ayuntamiento de Andratx y se hizo en los años noventa con el control del urbanismo municipal a la vez que hacía negocios en el sector inmobiliario. Desde 2005 Hidalgo era militante del PP, partido que ayer le expulsó tras haberlo ratificado unas semanas antes como candidato para las próximas elecciones municipales de 2007. El PP le ratificó pese a estar encausado ya en cinco procesos judiciales e imputado en dos.

El presidente balear Jaume Matas y Mariano Rajoy, presidente del PP, se pronunciaron ayer de inmediato contra "las actividades delictivas" cuando conocieron las detenciones practicadas por orden judicial.

El jefe del urbanismo balear detenido ayer, Jaume Massot, es aparejador y secretario del colegio profesional de Baleares. Durante su carrera política se ha caracterizado por su experiencia en gestionar las normas urbanísticas de Baleares. Durante 20 años fue el funcionario máximo responsable de urbanismo de Andratx, el municipio donde supuestamente se ha desarticulada una trama de corrupción urbanística. Massot no es del PP y fue destituido como alto cargo del Gobierno de Jaume Matas, quien señaló que su acción gubernamental no estaba cuestionada por la actuación judicial.

Massot no tramitaba desde el Gobierno licencias ni denuncias relacionadas con los municipios baleares, porque Urbanismo es competencia del Consell de Mallorca. El director general detenido fue autor principal del proyecto de Ley de suelo del Gobierno de Matas y gestó las normas territoriales que delimitaron desde 2003 nuevas áreas urbanizables en las islas y las zonas menos protegidas de Baleares. El director general, ubicado en el departamento de Medio Ambiente, es persona de confianza de la consejera de Fomento, Mabel Cabrer, la mujer de peso de Andratx en el PP, donde veranea.

El municipio turístico mallorquín ha vivido un enorme expansionismo residencial, cuenta con uno de los suelos de más valor de Baleares y se rige por una laxa normativa urbanística local de antes de la democracia.

Andratx es una perla inmobiliaria, con uno de las ofertas más caras de turismo residencial del Mediterráneo y, a la vez, una mancha negra del desarrollismo desaforado del litoral, según todos los expertos.

Los montes que rodean sus calas bellísimas han sido cubiertos por bloques de apartamentos y grandes mansiones. Se han destruido parajes y horadado las rocas de las laderas de las montañas como si se tratara de una operación minera al aire libre. En Cala Moragues el alcalde Hidalgo ha levantado con una empresa familiar sendas mansiones desmesuradas. En otra zona, en Monport del Port d'Andratx, el regidor del PP está acusado de otorgar licencias municipales que vulneran las normas para diez edificios en áreas protegidas donde se pueden levantar 150 viviendas, El almacén agrícola del alcalde en zona rural es una casa ampliada irregularmente.

Andratx vive a la intemperie urbanística. Sus normas subsidiarias son de antes de la democracia, las disposiciones actuales permiten la duda y la laxitud. El municipio, con un pueblo y diferentes núcleos costeros, tiene 10.000 habitantes que en verano se multiplican por cinco.

El expansionismo de chales en zonas protegidas y las construcciones de dudosa legalidad han sido muy rotundos. Grupos ecologistas y partidos políticos impulsaron diversas causas contra el alcalde por este motivo.

Los fiscales, Adrián Salazar, de Medio Ambiente, y Juan Carrau de Anticorrupción, llevan meses analizando los diferentes escándalos y en varios habían propuesto ya la imputación del alcalde popular.

El inspector de obras, el técnico de urbanismo y el alcalde, según los datos de la investigación, podrían haber urdido una vía interna que permitía autorizar decenas de casas en "falsos urbanos", en áreas protegidas por su valor rural o natural. Según las denuncias de los ecologistas se verificaba sobre el terreno la existencia de una ruina o una casa menor que validaba la construcción de una futura residencia mayor.

Fiscales Anticorrupción, inspectores de Hacienda y guardias civiles especializados en delitos económicos efectuaron a lo largo del día de ayer de manera simultánea, bajo orden del juzgado de instrucción número 12 de Palma, registros en los despachos oficiales del Ayuntamiento y del Gobierno, domicilios de los implicados y en hasta siete sedes de empresas distintas.