Guerra y dictadura

LOS INCIDENTES PRODUCIDOS en el Valle de los Caídos con ocasión de una misa por el 31º aniversario de la muerte de Franco, por un lado, y la petición suscrita por cerca de noventa organizaciones de izquierda para que el proyecto enviado por el Gobierno a las Cortes el pasado 8 de septiembre en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura sea retirado del Congreso, por otro, ponen de relieve que el debate intergeneracional sobre las siete décadas pasadas continúa vivo. La iniciativa tendrá una agitada travesía parlamentaria; mientras el PP anuncia su rechazo frontal, ERC e IU anuncian sendas enmiendas a la totalidad. Y si los medios de la derecha presentan el proyecto como un acto de revanchismo, un informe de Amnistía Internacional descalifica su articulado como una especie de ley de punto final o de amnistía encubierta.

El proyecto de ley del Gobierno que amplía derechos y establece medidas en pro de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo será impugnado en el Parlamento desde la derecha y desde la izquierda

La propuesta gubernamental elude el título previsto de ley de memoria histórica y adopta un rótulo descriptivo referido al reconocimiento y ampliación de derechos y al establecimiento de medidas "a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura". Se trata de una decisión razonada: la exposición de motivos aclara que no es tarea de las normas jurídicas "implantar una determinada memoria histórica" o "reconstruir una supuesta memoria colectiva". Una vez excluido el empleo de esos estereotipos, reificadores de experiencias personales y diversas, la propuesta gubernamental opta por amparar la recuperación de la memoria personal y familiar, que incluye el derecho a la reparación de las injusticias sufridas en forma de condenas, sanciones o violencias "cualquiera que fuere el bando o la zona en la que se encontraran quienes las padecieron". Los recuerdos mantienen una singularidad individual, irreductible a una fantasmal memoria histórica -colectiva y monolítica- cuya voz sería monopolizada por los portavoces que se arrogasen el privilegio de hablar en su nombre.

Pero la batalla de las palabras desempeña un papel en las guerras políticas: la kilométrica denominación del proyecto gubernamental facilitará el regreso a los debates parlamentarios y a la prensa de la expresión memoria histórica con que ERC bautizaba en febrero de 2006 -añadiendo republicana y antifascista- su proposición de ley, rechazada después por el Congreso. Navegando entre los improperios derechistas, por planear una supuesta revancha simbólica frente a los vencedores de la Guerra Civil, y las denuncias izquierdistas, por no declarar de modo expreso la ilegalidad de la dictadura, la exposición de motivos del proyecto de ley reivindica, sin embargo, su voluntad de dar continuidad al espíritu de concordia y de respeto al pluralismo que guió a la transición e inspiró a la Constitución.

Desde el punto de vista de la reconciliación nacional, es lógico que los grandes beneficiados de la ampliación de los derechos y de las medidas económicas mencionadas en la norma sean los represaliados, encarcelados y exiliados por haber servido a la Segunda República o por haber luchado contra el régimen de Franco cualquiera que fuese su alineamiento (o el de su familia) durante la guerra, sin olvidar a sus deudos ni a los familiares de los fallecidos. El proyecto indemniza igualmente a los herederos de los muertos por la democracia entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.

El proyecto regula también una miscelánea de materias: desde la localización de los desaparecidos hasta la doble nacionalidad de los brigadistas, pasando por el Valle de los Caídos, el Archivo de Salamanca y la supresión de los escudos conmemorativos de la Guerra Civil en los edificios estatales. Junto al polémico terreno de las cuestiones simbólicas, el principal tema de discordia entre el Gobierno y sus aliados girará en torno a las sentencias dictadas por tribunales militares en juicios sumarísimos; el invento sustitutorio de la nulidad de esos fallos, una "declaración de reparación y reconocimiento personal" que concedería un consejo elegido por el Parlamento, carecería de efectos jurídicos o de cualquier otro tipo y omitiría el nombre de los verdugos, parece una broma de los Santos Inocentes.