Líbano descompuesto... ¿y la FINUL?

Si la tensión en Líbano ya era difícilmente soportable en estos últimos meses, el asesinato de Pierre Gemayel -ministro de Industria, apoyo principal del primer ministro, vástago de una de las principales familias políticas del país y significado crítico contra Siria, en su calidad de dirigente de la falange cristiana Kataeb- pone al país al borde mismo del colapso. Cabe decir que ésa es, al menos, la intención de Hezbolá y sus socios en el intento por derribar al Gobierno de Fuad Siniora, con la pretensión de traducir el apoyo popular que ha recogido de su reciente enfrentamiento con Israel en poder político para consolidar un sistema que obedezca a su radical visión del islam. Para lograrlo no ha tenido reparos en abandonar el Gobierno (junto con su nuevamente aliado Amal) y en plantear un órdago, en forma de movilizaciones sociales que haga visible su ascendencia política más allá de su natural feudo chií.

Son muchos los actores que se mueven en el escenario libanés con intenciones belicosas

Hezbolá, aunque ya tenga capacidad para desarrollar su propia agenda, no actúa en solitario, sino que es obligado recordar que mantiene apoyos tan obvios en el conflicto actual como Siria, interesada en asegurarse el control de un país que aún considera suyo, e Irán, que lo utiliza como un instrumento para amenazar a Israel, en la medida en que trata de aliviar así la presión sobre él mismo. A estos preocupantes factores se une un inquieto Israel, que debe estimar que Hezbolá mantiene una considerable capacidad de amenaza militar (al menos con unos 8.000 cohetes y misiles de diverso tipo, al margen de lo que le haya podido seguir llegando desde Siria en estos meses), consciente de que ha arruinado su imagen militar de vencedor incuestionable.

La confluencia de estos preocupantes elementos en el siempre inestable Oriente Próximo hace muy difícil adivinar quién puede estar detrás de ese asesinato, pero hace prever, por el contrario, que se acabe produciendo una escalada sostenida de la violencia. Puede hacerlo Israel, liderado por un Gobierno tan debilitado como el de Ehud Olmert, en su intento de reverdecer viejos laureles en los campos de batalla y liquidar la amenaza que representa Hezbolá, al tiempo que enviaría un mensaje claro a un Irán que ya tiene en su punto de mira. También puede hacerlo Siria, intentando evitar que siga adelante la iniciativa de crear un tribunal internacional para castigar a los asesinos del ex primer ministro Rafik Hariri (pendiente aún de la aprobación parlamentaria y de la firma del prosirio presidente libanés). Asimismo, puede provocarla el propio Hezbolá, tentado por la posibilidad de romper con las reglas de juego impuestas en los acuerdos de Taif (1989) para hacerse con los principales resortes del poder nacional.

En definitiva, son muchos los actores que hoy se mueven en el escenario libanés con intenciones belicosas y con capacidades suficientes para provocar un notable empeoramiento de la ya compleja situación actual. Visto desde el exterior, y más específicamente desde una España interesada en la estabilidad mediterránea y con tropas desplegadas en el marco de la FINUL reforzada, el panorama es cualquier cosa menos tranquilizador. La fuerza internacional desplegada en el sur de Líbano está lejos de completar el despliegue inicialmente previsto (15.000 efectivos), y no parece que realmente vaya a hacerlo en ningún momento. Desde la base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayun, donde está instalado el cuartel de la Brigada Multinacional Este que lidera España, la visión de sus propias limitaciones debe estar generando una creciente inquietud. Por una parte, porque ya han comprobado suficientemente los problemas que acarrea un mandato tan restrictivo como el contemplado en la Resolución 1.701 (verificar el cese de las hostilidades, controlar la Línea Azul entre Israel y Líbano y apoyar el ejercicio efectivo de la autoridad del Gobierno en el sur del país), que les impide actuar para desarmar a Hezbolá o para frenar en su caso a unas tropas israelíes (o sirias) que volvieran a convertir Líbano en el territorio para dirimir sus diferencias. Por otra, porque saben sobradamente que la posibilidad de cumplir con sus funciones no depende tanto de sus propias capacidades como de la buena voluntad de otros. No pueden, por tanto, parar una hipotética guerra (civil o internacional), en tanto quienes combatan no identifiquen a los miembros de la FINUL como objetivos explícitos de la violencia; pero tampoco pueden abandonar sus posiciones, sin que los países con tropas sobre el terreno (y España es el tercer contribuyente) y la propia ONU no salgan malparados a los ojos de los libaneses y del resto de la comunidad internacional.

Están sometidos, pues, a una dinámica que apunta directamente a más violencia, sin que sus medios y su mandato les permitan cumplir eficazmente sus misiones. En estas circunstancias lo deseable, al margen de lo que pueda ocurrir en el frente diplomático (en el que no cabe esperar ninguna iniciativa internacional que cambie sustancialmente las bases de la situación), sería reforzar el mandato internacional para la FINUL, aumentar el número de tropas y dotarlas de los medios para asegurar su propia defensa frente a lo que pueda venir y, sobre todo, para poder convertirse en un auténtico pacificador.

La decisión de enviar 50 soldados más y dos helicópteros de transporte para reforzar a la Legión española, dada a conocer esta misma semana por el Ministerio de Defensa, no debe entenderse como parte de la necesidad planteada por este quinto asesinato político en los últimos 20 meses. Si hasta el pasado 7 de noviembre las tropas españolas no habían recibido ningún fuego enemigo, el nivel de descontrol en el que está entrando el país hace pensar que eso puede volver a pasar muy pronto. El riesgo ya estaba asumido desde el principio, y por ello no se entendería una retirada cuando nada serio ha afectado aún a las tropas de la ONU. Antes bien al contrario, por intereses propios en la región y para estar a la altura de quien pretende identificarse como un activo constructor de paz, España (y la ONU) debe seguir allí. El autoimpuesto límite de no desplegar en el exterior más de 3.000 soldados, que más parece un argumento partidista, para evitar ser vistos como más intervencionistas que gobiernos anteriores, que el reconocimiento de una incapacidad operativa real, no puede frenar la voluntad política de contribuir decididamente a evitar el continuado deterioro de una crisis que ocurre ante nuestros ojos.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid).