Listas de espera

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, irán a las elecciones autonómicas de mayo convencidos de haber cumplido uno de los objetivos del programa regional del PP: reducir a 30 días la espera máxima para una intervención quirúrgica. La realidad, sin embargo, desmiente tal aserto. Pero allá cada uno con su conciencia y su oportunismo político.

Los últimos datos ofrecidos por la Consejería de Sanidad, con fecha de 30 de septiembre pasado, indican que sólo 11.274 pacientes (un 32,5%) de los 34.664 madrileños en espera de ser operados, en el plazo de un mes, en la sanidad pública estaban incluidos en la lista oficial. Otros 23.390 (un 67,5% de los que aguardan) figuraban excluidos, bien por haber rechazado ser intervenidos en una clínica privada alternativa a su hospital público (9.791 personas, un 28,2%) o por no haber realizado las pruebas preoperatorias como la del anestesista (13.599, un 39,3%).

Este artificio contable establecido en 2004 por el Gobierno regional motivó la expulsión de la Comunidad de Madrid del Sistema Nacional de Salud por manipular los datos. Lamela sostiene que la expulsión obedece a la "persecución política" del Ejecutivo central. Sin embargo, el consejero regional tendrá que reconocer que su método de cómputo es bastante discutible y difiere de las normas estatales al respecto, según las cuales el plazo de espera empieza a contarse desde el momento en que el médico comunica al paciente que debe ser operado, y no a partir de que le haya atendido el anestesista. Siguiendo esa pauta, la demora media en la Comunidad de Madrid sería en estos momentos de 47 días. Ésa es la realidad factual.