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El Supremo anula el traslado de la sede de la CMT a Barcelona

El alto tribunal estima los recursos de Esperanza Aguirre y de los trabajadores

El Tribunal Supremo anuló ayer el real decreto del Gobierno que ordenó el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona, por entender insuficientes algunos de los informes emitidos para elaborar la norma, que fue recurrida por la Comunidad de Madrid y por los trabajadores del organismo regulador. Según fuentes del Supremo, la estimación de los recursos implica la anulación del traslado -acordado en 2004 por Zapatero y Maragall-, aunque el Gobierno puede elaborar otro real decreto para subsanar los defectos.

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El traslado de la CMT de Madrid a Barcelona amenaza con resucitar la tormenta política que provocó cuando fue anunciado por sorpresa en julio de 2004, tras una reunión entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall. El acuerdo fue saludado con alborozo y defendido a capa y espada por el entonces ministro de Industria y hoy aspirante a la presidencia de la Generalitat, José Montilla. Y provocó las iras de Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que recurrió el traslado ante el Supremo.

El Tribunal ha vuelto a hablar sobre esta polémica mudanza, que se comenzó a hacerse efectiva a finales de 2005, y que ya se ha completado. La Sala de lo Contencioso de este tribunal estuvo reunida en sesión plenaria durante toda la jornada, bajo la presidencia de Ramón Trillo para debatir ese asunto, que finalmente se resolvió en medio de una fuerte controversia, como da idea el hecho de que, de los 30 magistrados que asistieron al Pleno, 13 de ellos anunciaron votos particulares discrepantes.

Según fuentes del Supremo, la Sala consideró insuficientes los datos contenidos en una memoria explicativa y en la memoria económica sobre el coste del traslado, tenidas en cuenta por el Consejo de Ministros que promulgó el real decreto 2397/2004 de 30 de diciembre. Esa insuficiencia de datos provocó la anulación del real decreto que, según las citadas fuentes podría subsanarse "en quince días poco más o menos" con un nuevo texto del Consejo de Ministros. Sin embargo, antes habrá que esperar a conocer la sentencia, que tardará aún un par de semanas en ser redac- tada y a la que se acompañarán los votos particulares.

El traslado de la CMT fue impugnado por la Comunidad de Madrid el 23 de marzo de 2005. En el recurso, el Gobierno autónomo solicitó la suspensión cautelar hasta tanto se resolviese el fondo del contencioso, pero el alto tribunal desestimó esa suspensión. Los trabajadores también impugnaron el traslado ante el Tribunal Supremo.

La Comunidad de Madrid argumentaba en su recurso que el traslado respondía a "una decisión basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia y carente de justificación técnica, económica, jurídica", por lo que se lesionaba gravemente "la independencia y autonomía de que goza la CMT en virtud de la legislación comunitaria y nacional de telecomunicaciones y constituye un precedente para futuras injerencias". La Comunidad también justificaba su rechazo al traslado porque "afecta al ámbito de la autonomía política, competencial y financiera" de la región, y que se vulneraba tanto el Estatuto de Autonomía, que afirma que "la Villa de Madrid es y, por ello, deber ser la sede las instituciones del Estado", como la Constitución que, en su artículo 5 resalta la capitalidad.

La plantilla de la CMT, compuesta por 140 trabajadores, se opuso radicalmente al traslado con diversos actos de protesta aunque finalmente cerró un acuerdo gracias a las generosas compensaciones pactadas con la CMT e Industria. Con todo, sólo la mitad de la plantilla fija se trasladó, y el resto se recolocarse en otros organismos de la Administración.

La cara más visible de esa oposición fue la del ex presidente de la CMT Carlos Bustelo, que protagonizó una batalla administrativa y política contra el Gobierno y el ministro Montilla, llegando a calificar de "deportación" el traslado. Finalmente, el 9 de marzo de 2005, Bustelo dimitió. No tardó en ser llamado por Aguirre para presidir el organismo regional de Defensa de la Competencia, de nueva creación.

La CMT tiene en propiedad el edificio que albergaba la sede madrileña, en la calle Alcalá. Sin embargo, tuvo que alquilar las oficinas de su sede en Barcelona, en la Torre Mapfre, y ahora esta buscando un edificio para su compren propiedad.

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