Los trabajadores de Justicia rechazan la oferta oficial sin esperar al referéndum

Los funcionarios de la Administración de Justicia han trasladado a sus sindicatos que rechazan ya la propuesta que el Gobierno les planteó el viernes para desbloquear la huelga indefinida que mantienen desde el 24 de octubre. Aunque las asambleas en los centros de trabajo en que se iba a discutir la oferta oficial están previstas para hoy, las centrales convocantes de la protesta ya saben que es repudiada por los trabajadores, sin necesidad siquiera de celebrar el referéndum convocado para mañana. Justicia citó ayer de forma urgente a las centrales al comprobar el escaso eco de su propuesta, que el departamento insiste en considerar "última y definitiva". La reunión concluyó sin ningún avance.

Ayer iba a ser, en principio, un día de mero trámite ante las asambleas previstas para hoy, en las que los empleados de Justicia tenían que analizar en sus centros de trabajo la última oferta del departamento que encabeza Joseba Azkarraga. Sin embargo, se convirtió en un día clave para profundizar en la crisis que enfrenta a todos los sindicatos del sector (CCOO, ELA, LAB, UGT y CSI-CSIF) con la consejería y que ha motivado, tras 12 jornadas de huelga (los paros se celebran entre martes y jueves), la suspensión del 75% de los juicios previstos.

Las centrales y los tres colegios de Abogados estiman que para recuperar la normalidad van a ser necesarios entre seis y nueve meses una vez concluyan las protestas.

Las centrales fueron rechazando una por una y provincia por provincia la "definitva" propuesta oficial que el departamento le elevó el viernes en una reunión en la que por vez primera participó directamente el consejero Azkarraga. Pero es que, además, el rechazo no dejó lugar a dudas y, como ya se empezó a atisbar el sábado en algunos contactos entre los sindicatos y sus representados, la beligerancia contra la propuesta es total. El hecho de que el departamento haya dado marcha atrás en el reconocimiento a la equiparación salarial con el resto de los funcionarios que ya habían aceptado anteriores equipos de Justicia, incluso de su mismo partido, Eusko Alkartasuna, ha enfadado sobremanera a los trabajadores.

Abel Muniategui, viceconsejero de Justicia cuando el departamento era dirigido por Sabin Intxaurraga, fue quien desarrolló las nuevas competencias en materia de personal que habían quedado fijadas en un Real Decreto de 1999, que zanjó una larga pugna entre las dos administraciones sobre esta materia. Muniategi declaró al entrar el vigor ese decreto en 1999: "Mientras se llegue a la equiparación total (...) pueden darse fricciones de otra índole con los agentes sociales", dijo. Ese camino había comenzado antes, en 1997, cuando el entonces titular de la cartera, el socialista Ramón Jáuregui, firmó ese compromiso con los sindicatos tras varios meses de huelga.

Extender los paros

Los afiliados de las cinco centrales se oponen de tal forma a la propuesta que, lejos de despejarse el camino para la desconvocatoria de los paros, ayer se abrió un panorama más ensombrecedor con los primeros planteamientos defendiendo extender la huelga a los cinco días laborables de la semana.

Vista esa situación, el departamento convocó de forma urgente a las centrales a una reunión en Vitoria a las 17.00 que concluyó unas tres horas y media después sin ningún resultado. Fuentes sindicales recalcaban que no había posibilidad de acuerdo con la consejería.

Poco antes del inicio de la cita, Justicia hacía público un comunicado en el que emplazaba a los trabajadores a que su oferta fuese "tenida en cuenta" ya que, advertía, es "la última y la definitiva". El departamento precisaba que si su propuesta es rechazada, "el Gobierno se verá en la obligación de retirarla de la mesa de negociación. Esto conduciría, sin duda, a una situación muy complicada, porque dicha negociación quedaría prácticamente bloqueada".

Los representantes de CCOO (38% de la representación del sector), CSIF (26%), ELA y LAB (15% cada una), y UGT (6%) acudieron a la reunión abiertos a una nueva oferta, pero sin ningún ánimo de rebajar la demanda de que se reconozca de una forma explícita el derecho a la equiparación salarial.

Acuerdo del Superior

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior vasco acordó por unanimidad el pasado viernes, según se hizo público ayer, pedir información al departamento sobre la reunión de ese día con las centrales y recabar información a los secretarios judiciales sobre el alcance de la huelga en número de juicios y otras actuaciones suspendidas. La Sala decidió además solicitar una reunión con el Ejecutivo vasco y otra con los sindicatos para conocer de primera mano sus intenciones.

Los planes iniciales de las centrales sindicales -salvo CSIF, que se desvinculó de entrada del referéndum- pasaban por someter mañana a consulta en todos los partidos judiciales la oferta del departamento. Representantes de las otras cuatro centrales daban por sentado ayer que sería un trámite inútil a la vista de la oposición que había levantado la propuesta de Azkarraga. Fuentes sindicales explicaron que posiblemente, tras las asambleas previstas para hoy, el referéndum no sea ya necesario.

Los sindicatos estiman en un 12% el incremento salarial necesario para igualar el nivel medio de los trabajadores con los salarios más bajos del resto de la Administración autonómica. El Gobierno sólo puede aumentar sus ingresos a través de un complemento específico, ya que el salario base de los cuerpos estatales lo fija el Ejecutivo central.