Putin deja atada la sucesión

Los responsables políticos de Rusia se preparan con nerviosismo creciente para la sucesión de Vladímir Putin en 2008. Controlarlo todo y no dejar ni una rendija por la que puedan colarse contrincantes es la idea fija del Kremlin ante los comicios legislativos de 2007 y los presidenciales que se celebran al año siguiente. Toda precaución es poca. Mediante el partido Rusia Unida (RU), la Administración del Kremlin hizo aprobar la semana pasada en la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento) unas enmiendas legislativas que ahogarán aún más a la oposición.

Según estas enmiendas, los candidatos no podrán criticar a sus rivales en la televisión y en la radio ni difundir información "predominantemente" negativa sobre ellos, es decir, "sólo podrán elogiarse a sí mismos como ruiseñores", según la comentarista Marina Ózerova. Además, podrán ser eliminados por faltas administrativas o si han sido condenados por extremismo, un concepto que puede aplicarse a quienes critican en público a los funcionarios. El porcentaje de asistencia será menor incluso que el requerimiento actual del 20% de los votantes como mínimo para que los comicios sean válidos. Una falta de ortografía en los documentos de los candidatos podrá servir para eliminarlos de la liza.

El Kremlin ha fundado Rusia Justa, un nuevo partido para encauzar a los partidarios de Putin

"Durante seis años se han aprobado enmiendas a la legislación electoral que contradicen las normas internacionales y la Constitución y hacen imposibles las elecciones libres y democráticas en Rusia", afirma el diputado independiente Vladímir Rizhkov. El sistema, dice, es incluso "peor que el de Bielorrusia, donde existen partidos de oposición, mientas éstos han sido prácticamente prohibidos en Rusia".

Rizhkov sabe de lo que habla. Sus intentos de registrar el Partido Republicano (PR), del que es copresidente, han sido vanos. El partido reunió 64.000 firmas de militantes con sus datos personales, es decir, 14.000 más de lo necesario, pero el departamento de registro, dependiente del Ministerio de Justicia, lo vetó, alegando que 16.000 de los firmantes no existían. "Hemos intentado demandar al ministerio, pero los jueces siempre se ponen de parte del Gobierno", señala Rizhkov. El Kremlin no descuida las regiones. El partido liberal Yávloko aspiraba a un buen resultado en unos comicios recientes en Karelia. Ésa fue la razón para eliminarlo de la liza "por indicación del gobernador y del representante presidencial", según su dirigente Grigori Yavlinski. Yávloko no superó el listón del 5% en las legislativas de 2003. En las de 2007, el listón será del 7%.

Mientras tanto, el Kremlin ha engendrado a Rusia Justa (RJ), un nuevo partido para encauzar a los partidarios de Putin, que no votan por RU, el partido mayoritario en la Duma Estatal y el instrumento articulador de la llamada "vertical del poder". RU y RJ están dirigidas, respectivamente, por los presidentes de las cámaras parlamentarias, Borís Grizlov y Serguéi Mirónov, dos petersburgueses leales a Putin. En teoría, se trata de un sistema bipartidista. En la práctica, es un reparto de papeles entre los representantes de un solo protagonista. Este sistema artificial creará sus propios antagonismos, opina el analista Dmitri Furman. Rizhkov discrepa: "Ésta es una trampa astuta para imitar la lucha política, no para dividir a la élite. El Kremlin eliminará el nuevo partido, si ve que escinde a la élite", señala Rizhkov.

El equipo de Putin actuó "paso a paso" para destruir la democracia en Rusia, señala Rizhkov. Entre otras cosas, destruyó la cadena de televisión NTV, prescindió de los gobernadores en el Consejo de la Federación (Cámara alta o de las regiones), abolió las elecciones de esos mismos gobernadores y aprobó una ley de extremismo que permite a la Administración librarse de los políticos incómodos.

La televisión estatal y el canal NTV, dependiente ahora de Gazprom, sirven para saber "dónde le duele al Kremlin" o al consorcio de gas, pero no para informarse. Tratamiento privilegiado en estos medios reciben el vicejefe del Gobierno Dmitri Medvédev y el ministro de Defensa, Serguéi Ivanov. Estos dos petersburgueses son los dos aspirantes públicos a suceder a Putin, pero no los únicos. Se barajan otros nombres como Serguéi Sobianin, el duro siberiano que dirige la Administración del Kremlin y que trata ahora de abolir las elecciones de los alcaldes; Vladímir Yakunin, el ministro de Ferrocarriles, que trabajó con Putin en la alcaldía de San Petersburgo; o Nikolái Pátrushev, que dirige el Servicio Federal de Seguridad.

En las grandes empresas, los petersburgueses se hacen fuertes como Valeri Gólubev, un ex agente del KGB, que ha pasado a ser vicepresidente del consorcio, y Alexandr Dyukov, que se ha puesto a la cabeza de Gazprom Neft, el departamento petrolero de la compañía. Tampoco hay que descartar las sorpresas, incluido un nuevo mandato de Putin, diga lo que diga él. La Duma dio curso -y no ha archivado- a una propuesta de modificación constitucional para que el actual presidente pueda competir de nuevo.