Un atracón de victimismo

Que el Gobierno de Madrid nos flagele, decimos de los valencianos, depende a menudo de la sintonía partidaria entre La Moncloa y la Generalitat. Cuando hay sintonía, la relación es de vino, rosas y, en última instancia, de silencios cómplices. En caso contrario, como acontece en esta legislatura sacudida por la fronda electoral autonómica, el escenario político se anubla de plañidos por los compromisos incumplidos, las reivindicaciones desatendidas y, en suma, los apremiantes agravios que, aún siéndolo, por lo visto pasaban inadvertidos cuando dos años atrás el PP administraba también los recursos del Estado y en Valencia se decía amén a todo.

Pero la relación de fuerzas no es hoy la misma y el mentado partido, las huestes de Francesc Camps, ha tenido esta semana la oportunidad de darse un atracón de victimismo a propósito de las visitas al cap i casal de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y de un director general del Ministerio de Medio Ambiente, un departamento malquerido en medios populares indígenas por la ojeriza que suscita la política hídrica de su titular, Cristina Narbona. Un verdadero ejemplo de ingratitud porque sin ese pretexto no se podrían nutrir los desahogos demagógicos e hidrológicos con que el PP moviliza por estos pagos a su clientela.

Una querencia -aludimos a la demagógica- que se practica aun cuando no hay motivo, como acaba de ocurrir a propósito de la declaración ministerial de impacto ambiental que ha de dar luz verde a la ampliación del puerto de Valencia. Nadie ha dicho que no se vaya a tramitar o que sea negativa, sino tan sólo que se aplazará a 2007, pues, además de su complejidad, fue instada a mediados de setiembre pasado. No se fija qué fecha del próximo año, pero parece razonable que no se diligencie antes de Navidad y se demore unos meses sin merma para los proyectos en ciernes.

Así lo ha comprendido prudentemente el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, pero no algunos pesos pesados del PP local que, cogiendo el rábano por las hojas, se han lanzado en estampida contra la citada ministra y, en la misma tarascada, contra el Gobierno socialista. Víctor Campos, Serafín Castellano, José Ramón García Antón y Rita Barberá, entre otros, se han constituido en una suerte de coro de damnificados por las maldades con que nos castiga Rodríguez Zapatero. Una salmodia harto conocida que gira en torno a los trasvases cancelados, el tren de alta velocidad, la seguridad ciudadana y -en adelante, previsiblemente- el puerto, inversiones y gestiones demoradas en beneficio de Cataluña, según propalan con una frivolidad que sonroja.

Con este clima excitado y belicoso no es dable pensar en un debate sereno en torno al puerto y a las sinergias que habrían de propiciarse en el supuesto de concertar las actividades con el de Barcelona, en vez de enredarse en esta carrera de inversiones y por una competencia que bien puede conducir al despilfarro. Y en la que todo sea dicho, ni por peso demográfico ni económico llevamos los valencianos la de ganar. Pero ya comprendemos que explicitar estas evidencias es tanto como conculcar un tabú, por más ridículo que se nos antoje. Además, nuestras relaciones exteriores preferentes en tanto que Comunidad pasan actualmente por Murcia -¿será por la germanor del atobó?- o por cualquier otra sede autonómica que no sea la Ciudad Condal. ¡Menos mal que toda política es reversible y la irracionalidad acaba tropezando con sus propias limitaciones!

Y una nota final. Bien hacen las autoridades gobernantes en abonar la expansión del puerto de Valencia -y los restantes de nuestro litoral, que tienen igualmente derecho a crecer-, pero suelen soslayar que tras los jubilosos índices de su prosperidad late un grave coste medioambiental en forma de encogimiento o pérdida de playas, que no se enmienda por muchas medidas compensatorias o correctoras que se anuncien. Podríamos convenir que tal es el interés general por la riqueza que moviliza, pero lo más cierto y a todos sin excepción nos alcanza es el daño ecológico que legitima la queja victimista del vecindario.